PROPUESTA DE SOLUCION RELACIONES IGLESIA Y ESTADO

LA RELACIÓN ENTRE ESTADO Y LA IGLESIA

                Durante el Antiguo Régimen es característica la alianza entre el Altar y el Trono. La Iglesia justifica el poder absoluto de los reyes (teorías de Bodino, por ejemplo) y  ayuda al Trono en el control de la sociedad con su ideología y tribunales (como el de la Inquisición) y a cambio se mantiene como el  primer orden de la sociedad, es un estamento privilegiado: leyes propias, administración de justicia propia, no pagan impuestos (aunque a veces entregan alguna cantidad voluntaria a la Monarquía), tienen inmensas propiedades que se acrecientan con las donaciones de particulares (manos muertas), ocupan cargos públicos y controlan la enseñanza, etc. Solo en algún momento de crisis o de debilidad del Trono se produce algún enfrentamiento con la  Iglesia, sobre todo  por el mantenimiento de las exenciones fiscales.

                Durante el siglo XVIII se va a producir un cambio, es el desarrollo de la política regalista. Las distintas monarquías, e igual España, van a intentar promover una política de subordinación de la Iglesia al Estado. Y así convertir a la Iglesia en una especie de funcionariado. Esta idea llevará al enfrentamiento en algunos momentos con el Vaticano.  Esta política arranca a principios de siglo con Felipe V,  ya que el Papa reconoció a Carlos de Austria como rey de España. Como reacción Felipe V ordenó retirar el embajador de Roma, expulsar al Nuncio del Vaticano, prohibió la comunicación con la Santa Sede, y estableció un riguroso “Pase Regio”  a todos los documentos procedentes de Roma. La aplicación de estas políticas se regulariza  a través de los Concordatos de 1717 y de 1753; y las relaciones con Roma se vuelven tensas.  Las discusiones más importantes con la Iglesia son las relativas a las llamadas “cuestiones mixtas”, es decir,  los temas que afectan al interés del Trono y del Altar, en este caso la educación, el matrimonio, contratos, rentas y la dotación de obispados y parroquias. Con el Concordato de 1753 la monarquía consigue el Patronato Universal sobre la Iglesia en España y las relaciones vuelven a la estabilidad. Con Carlos III las relaciones con la Iglesia fueron estables a excepción del momento de la expulsión de los Jesuitas. Con Carlos IV, al principio, al compás del inicio de la revolución francesa, se estrechan los lazos con la Iglesia, pero después las relaciones vuelven a enfriarse al aumentar la presión fiscal a la Iglesia y promover las primeras desamortizaciones de propiedades eclesiásticas.

                Con la Guerra de la Independencia y la llegada del liberalismo se va a producir una fuerte alianza entre el Trono y el Altar. La posible llegada a España de las ideas revolucionarias con José I llevaron a la Iglesia española a luchar con los liberales contra los franceses. Así la Iglesia participa como guerrilleros en la lucha y promueven una “Guerra Santa” para defender la patria, y participan en el desarrollo de la formación de las Cortes de Cádiz (unos 100 diputados son eclesiásticos) y en la defensa de sus posturas en la legislación que se va a realizar. De este modo,  en la Constitución de Cádiz de 1812, la Iglesia consigue que se reconozca la religión católica como al “única y verdadera”; además de otras prerrogativas. Pero esta alianza inicial entre Iglesia y Liberalismo va a romperse pronto ya que las Cortes de Cádiz promueven una serie de medidas que afectan a la Iglesia (supresión de conventos de menos de 12 miembros, administración por parte del Estado de los bienes de corporaciones extinguidas, prohibición de ocupar las sedes vacantes, supresión de la Inquisición….).

                La vuelta de Fernando VII supuso la derogación de toda la legislación gaditana (decretos de 4 de mayo de 1814) y el restablecimiento de instituciones y favores a la Iglesia, a cambio de su colaboración y servicio. Vuelve la Compañía de Jesús y la Inquisición lleva a cabo también la persecución del liberalismo.

                Con el triunfo del pronunciamiento de Riego, en 1820, vuelve el liberalismo y con él la idea de someter la Iglesia al control del Estado. La idea de una Iglesia nacional sometida al Estado vuelve a extenderse, y así se suprimen monasterios, la Compañía de Jesús y la Inquisición y se pretende intervenir en el nombramiento de obispos y en la supresión del diezmo. Pero el restablecimiento de Fernando VII como rey absoluto en 1823 truncó ese proceso, aunque a partir de de ese momento una parte del clero se volvió mucho más reaccionaria y paso a defender posturas más absolutistas que se relacionan con el carlismo.

                Con la llegada del Liberalismo, a partir de 1835, en el contexto de la Regencia de María Cristina, se va a producir la fractura definitiva entre la Iglesia y el Liberalismo. La guerra carlista y la defensa del trono para Isabel, llevan a María Cristina a tener que entregar el gobierno a los liberales progresistas. Así, Juan Álvarez de Mendizabal va a proponer la desamortización de los bienes del clero regular (DOC.1) como solución para hacer frente a los graves problemas hacendísticos, militares y de falta de apoyo de María Cristina, para enfrentarse a los carlistas. Esta medida supone la ruptura de las buenas relaciones con la Iglesia. Y también uno de los elementos que diferencian a los liberales a partir del triunfo de liberalismo en España. Los llamados liberales progresistas y los liberales moderados. Estos últimos serán partidarios de parar las desamortizaciones y llegar a unas buenas relaciones con la Iglesia, mientras que los liberales progresistas serán más partidarios de separar la Iglesia y Estado, aunque manteniendo unas buenas relaciones. Por eso,  en la Constitución progresista de 1837 se establece  “obligación de mantener el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles”.  Elemento fundamental  para el sostenimiento de la Iglesia ya que, además, a partir de ahí se suprimirá el diezmo, lo que supone para los ingresos de la Iglesia un duro golpe.

                Por estos motivos, cuando llegan al poder los liberales moderados (Narváez) a partir de 1844, intentarán llegar a un entendimiento con la Iglesia para que reconozca el reinado de Isabel II y se vuelva a la alianza de Altar y Trono. Por eso en la Constitución de 1845 se vuelve a la oficialidad de la religión católica, después se paran las desamortizaciones y con el Concordato de 1851 se regularizan las relaciones con Roma, y el Estado se comprometió a la defensa de la Iglesia, a garantizarle la enseñanza de la religión en todos los centros educativos   (doc. 2, “incluso en las escuelas públicas”) y a la devolución de las tierras que no habían sido vendidas. Por su parte la Iglesia, reconoció a Isabel II, permitió intervenir al Estado en el nombramiento de obispos y provisión de parroquias y reconoció la desamortización como un hecho consumado.

                Pero estas buenas relaciones se rompen con el Bienio Progresista. La desamortización de Madoz, el control sobre los obispos y la redacción de la Constitución de 1856 son los elementos que entran en juego. Pero con la vuelta al poder de los moderados, de la mano de O´Donnell,  se recuperan las buenas relaciones con la Iglesia.

                Durante el Sexenio Revolucionario de nuevo las relaciones entre Iglesia y Estado vuelven a ser tensas. Aunque el Gobierno provisional proclamó “que España fue y es una nación católica”, en su política aparecen acciones que rompen las buenas relaciones: el permiso de la libertad religiosa y la desaparición de la  religión como asignatura obligatoria de institutos y universidades.  Después la reanudación de las desamortizaciones y el ataque al clero regular rompen las buenas relaciones. Y aunque en la Constitución de 1869 se reconocen los gastos de culto y clero no es suficiente para solucionar los enfrentamientos. Además la elección de Amadeo de Saboya como rey para España fue otro elemento de enfrentamiento con Roma, ya que no lo reconoció como rey  al considerarlo usurpador de los Estados Pontificios y símbolo de la humillación de su poder temporal. Estas diferencias  se verán acrecentados con la proclamación de de la Primera República y la redacción del proyecto de Constitución federal de 1873 (obra de Castelar). La idea de separar Iglesia y Estado y la supresión de toda ayuda económica a la Iglesia supusieron  un agravamiento de las relaciones con la Iglesia.

                La vuelta de la monarquía con Alfonso XII de Borbón parecía que devolvía las relaciones entre el Estado y la Iglesia por el buen entendimiento. Pero se mantienen algunos elementos de enfrentamiento. Primero porque la Constitución de 1876 aunque vuelve a la proclamación de la religión católica como la del estado y al mantenimiento de los gastos de culto y clero, también establece la tolerancia de otras religiones en el ámbito privado, lo que no fue del agrado de la Iglesia. Por eso hay un acercamiento entre la iglesia y el carlismo y el desarrollo de grupos neocatólicos que rechazan el liberalismo. Al tiempo se produce un crecimiento de las Asociaciones Católicas. A finales del XIX, pese a las críticas que plantea la Iglesia en defensa del mantenimiento literal de los principios de recogidos en el Concordato de 1851, la relación entre la Iglesia y el estado es bastante armoniosa con las pretensiones neorregalistas de los gobiernos de Cánovas y Sagasta. Esta situación se rompe al inicio del siglo XX, al arrancar un movimiento secularizador moderado, con Canalejas y Romanones, pero más radical por parte de los grupos republicanos. La famosa Ley del Candado de Canalejas supone una ruptura momentánea de las relaciones con Roma y de enfrentamiento con la Iglesia de España. Que vuelve a la normalidad hasta el final de la Restauración al eliminarse esas disposiciones que atacaban a la Iglesia.

                Con la dictadura de Primo de Rivera, se vuelve a un estrechamiento de las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Primo de Rivera para conseguir el completo apoyo de la Iglesia desarrollo una labor de protección sobre la Iglesia y sobre las obras católicas. Además se produjo una identificación entre los valores e instituciones del régimen y de la Iglesia católica.

                Con la proclamación de la Segunda República se va a producir una ruptura de las relaciones entre la Iglesia y el Estado y a aflorar unos enfrentamientos. La idea de separa Iglesia y Estado, la de construir un estado laico y secularizar del todo la vida civil chocaban frontalmente con las posiciones de la Iglesia. Estos enfrentamientos ya aparecen desde la proclamación de la República y los primeros enfrentamientos (quema de conventos de mayo) que manifiestan el fuerte sentimiento anticlerical de una parte de la sociedad. Estas tensiones aumentan durante los debates sobre el tema religioso para la redacción de la constitución (“España ha dejado de ser católica” dijo Azaña) y se mantendrán durante toda la etapa. En la Constitución de 1931 se recogen esas ideas Doc. 3, España no tiene religión oficial y la Iglesia no recibirá ninguna ayuda económica del Estado. Estas ideas de secularizar y separa Iglesia y Estado se completarán con otra legislación (matrimonio civil, etc. ) y con la promulgación de la Ley de Congregaciones religiosas que eliminaban la posibilidad de educación  y cualquier actividad económica a la Iglesia y órdenes religiosas. Estas medidas fueron entendidas por la jerarquía católica (cardenal Segura) y por el Vaticano como un ataque y  a partir de ahí en un duro enfrentamiento con el Estado. Durante el bienio radical-cedista, aunque hay unos intentos de acercamiento con la Iglesia y el Vaticano, no se mejora nada, ya que todo tiene que pasar para la Iglesia por una reforma de la Constitución.

                Cuando se produce el inicio de la Guerra Civil, la Iglesia se pondrá de lado de los sublevados y los apoyará incondicionalmente, definirá la Guerra Civil como una Cruzada y la jerarquía católica hablará a favor del general Franco (Pastorales de los Obispos Múgica y Olaechea 6-8-36, Pastoral Colectiva del Episcopado en el verano del 37). La alianza entre el Altar y el Trono vuelve a su apogeo.  La ideología de la Iglesia lo impregna todo. Está presente en los actos civiles y militares. La doctrina católica es obligatoria (matrimonio, no divorcio). En el Doc. 4, vemos un ejemplo con las normas que se dictan para la escuela primaria en 1939.  El Estado asigna a la iglesia un presupuesto. La Iglesia controla la educación y la moral. La Iglesia está presente en las Cortes. A cambio la Iglesia apoya el régimen de Franco, extiendo la idea de hombre providencial, le concede el privilegio de entrar en la Iglesia bajo palio, y le concede también ciertas prerrogativas regalistas, como el nombramiento de Obispos. Todas estas disposiciones quedaran reguladas  con un nuevo Concordato en 1953, culminación de las buenas relaciones entre Iglesia y Estado en la etapa del Nacional catolicismo. COMPLETAR.