La reforma agraria liberal hace referencia a un conjunto de reformas hechas por los gobiernos liberales durante el XIX. Entre ellas se encuentran, la abolición del régimen señorial, la abolición del diezmo, la desvinculación, el establecimiento de las libertades de mercado y la desamortización.
Hay que partir de la situación en la que se encuentra la agricultura al final del A.R. Es una agricultura atrasada, de subsistencia con muchos problemas (muy pocos propietarios, escasa modernización, rendimientos muy bajos, etc.), que necesita reformas, ya que las planteadas por los ilustrados (Jovellanos, etc.) no se llevaron a cabo. Por eso, cuando se instala el liberalismo se van a realizar algunas transformaciones, para intentar mejorar el atraso, aumentar las producciones y acometer otras reformas que le interesan a la burguesía liberal.
Una trasformación afecta al régimen jurídico de la propiedad de la tierra del Antiguo Régimen. La mayor parte de las tierras estaban amortizadas, en manos de instituciones eclesiásticas (en manos muertas -explicar-) o vinculadas, en manos de nobles. Además, muchas tierras eran comunales o debían de someterse a los ritmos de trabajo colectivos dominantes en la comunidad campesina. Hay que añadir también los privilegios de los que disfrutaba la Mesta que limitaban las posibilidades de explotación. Finalmente, la mayoría de las tierras no tenían un único poseedor, sino que campesinos y nobleza tenían derechos sobre ellas.
Cuando se instala el liberalismo en España, a partir de la década de los treinta, va a intentar introducir las ideas liberales y construir una propiedad libre y perfecta.La desamortización consiste en la nacionalización por parte del Estado liberal de las propiedades rústicas y urbanas en poder de la Iglesia y de los ayuntamientos para ser vendidas en subasta. Afecta sobre todo a las propiedades que estaban en "manos muertas", es decir que estaban en manos de instituciones eclesiásticas y que no se podían vender.
Ya antes de la llegada de los liberales se intentaron hacer algunas desamortizaciones, durante el reinado de Carlos III y de Carlos IV, para paliar los déficits de la Hacienda, pero con un alcance muy limitado (se pueden señalar tierras afectadas). El gran proceso desamortizador se va a producir con la llegada de los liberales. Ya se plantea durante las Cortes de Cádiz y durante el Trienio liberal, pero no se llega a concretar por la falta de tiempo ante la vuelta al absolutismo por parte de Fernando VII.
Una vez que María Cristina llega al poder necesita el apoyo del liberalismo frente al carlismo y necesita las reformas liberales para mejorar la economía; así se produce la llegada de Mendizábal en 1835 (sustituye a Martínez de la Rosa). Mendizábal plantea la idea de la desamortización de los bienes pertenecientes a las órdenes religiosas, menos las dedicadas al auxilio social (cuidado de hospicios, enseñanza de pobres, hospitales, etc.; actividades sociales que el estado liberal no podía atender). Es lo que se conoce con el nombre de desamortización del clero regular de 1836 (doc. 1).
Algunos de los objetivos que se pretendían alcanzar con la ley aparecen expuestos en el preámbulo de la ley, destacando: dar garantía a la Deuda nacional (doc. 1 lín. 2), es decir, ayudar a remediar los males de la Hacienda pagando la deuda del estado; vivificar una riqueza muerta (lín. 3), es decir, intentar aumentar las producciones agrícolas, abastecer a la población y evitar las crisis de subsistencias que aún se producían en España; abrir los canales de la industria, es decir, adaptar la propiedad a los principios del liberalismo; también, fortalecer las bases sociales del régimen liberal al ampliar los propietarios haciendo un grupo comprador de tierras favorable al liberalismo y al régimen de Isabel II ("identificar co trono excelso de Isabel II); y, finalmente, obtener los fondos para la guerra carlista.
La desamortización de Mendizábal constaba de tres etapas: primero eran extinguidas las órdenes religiosas (decreto de 11 de oct. de 1835), después incautados los bienes (decreto de 19 de feb. 1836 y decreto de 29 julio de 1837) y finalmente puestos en venta en subastas públicas. De este modo fueron incautadas y declaradas en venta las propiedades de las órdenes religiosas extinguidas (doc. art. 1), organizados los lotes de las tierras y puestos a la venta en subastas públicas.
El procedimiento de venda era el de la subasta. Las propiedades eran divididas en lotes y tasadas y después se hacía la subasta, siendo adjudicadas al mejor ofertante. Los lotes eran grandes lo que hacia que tuviesen precios de salida elevados. El pago se podía hacer de dos modos: en efectivo, un primer pago por valor de una quinta parte del total y el resto en quince anos, o bien un pago con títulos de Deuda y el resto en plazos durante ocho años. Estos mecanismos de la subasta (lotes y forma de pago) favorecían a la burguesía y a la nobleza, ya que eran los que poseían dinero en metálico y títulos de deuda, que además eran aceptados a su valor nominal pese a estar devaluados.
Esta medida consigue sanear las cuentas de la Hacienda y obtiene el dinero para sufragar la guerra carlista, pero también asustó a los liberales moderados y a la Iglesia que rechazó el proceso desamortizador, por lo que al llegar al poder en 1838 los moderados intentaron parar a desamortización, pero con poco éxito.
La segunda gran desamortización se produce cuando llega a la Regencia el general Baldomero Espartero, tras la huida de María Cristiana (algo más de contexto). Ahora se añaden a las tierras del clero regular las tierras pertenecientes al clero secular, como indica el Artículo 1 del Doc. 2. De este modo pasaron a manos del estado innumerables propiedades que fueron aprovechadas para sanear la Hacienda, al igual que edificios y solares en los que el estado liberal empezó a montar los servicios del Estado.
Con la llegada de los moderados, a partir de 1844, intentaron parar las desamortizaciones, aunque la mayor parte de las tierras ya estaban vendidas. Alejandro Mon,ministro de Hacienda del gabinete constituido por Narváez el 3 de abril de 1844, mandó a Pedro Sainz de Andino la redacción de un decreto para suprimir las ventas, por los retrasos en los pagos al clero, por la mala conservación de los templos y por la retirada de la ley de 1841. En 1851 llegaron a acuerdos con el Vaticano (Concordato de 1851) por los que la Iglesia aceptaba las desamortizaciones hechas a cambio del pago de los gastos de culto y clero y otros privilegios y la devolución de las tierras que habían quedado sin vender.
La tercera desamortización se produce de nuevo con la llegada de los progresistas al poder durante el Bienio Progresista (1854-56). Ante el gran moderantismo del régimen de Isabel II, una parte de los moderados organizan un pronunciamiento (enfrentamiento en Vicálvaro), que no logra triunfar hasta que se unen los progresistas, después de ser conocido el Manifiesto de Manzanares; así Isabel II llamó a los progresistas, de la mano de Espartero para gobernar junto a la gente de la Unión Liberal de O´Donnell. El gobierno de Espartero necesita en ese momento financiación para el ferrocarril. El ministro encargado fue Pascual Madoz que, en 1855, decretó la llamada desamortización general. Por esa ley fueron puestos en venta todas las tierras que se podían vender, tanto las tierras del clero secular como del regular, y las tierras de propios (tierras arrendadas a un particular) y comunes (tierras trabajadas colectivamente) de los pueblos(doc. 3), por ese motivo esta desamortización es conocida como desamortización municipal, ya que el grupo más importante era el que estaba en manos de los municipios.
Las consecuencias de todo este proceso desamortizador son muy desiguales.
Como medida política fue un éxito ya que consolida el régimen liberal. Los compradores no tuvieron interés en volver al Antiguo Régimen, ya que supondría anular la desamortización y perder el dinero y las tierras. Hay que indicar que una parte de los católicos se vuelven muy hostiles con el liberalismo, ya que la Iglesia condena las desamortizaciones y también a los compradores de las tierras (excomunión), y también que una parte del campesinado se vuelve antiliberal al ser perjudicado por las reformas ya que no consigue comprar tierras y los nuevos dueños de las tierras aumentan las rentas.
A nivel social tuvo efectos distintos, como indica Francisco Tomas y Valiente en el doc. 4. Jornaleros y pequeños propietarios fueron perjudicados al perder los bienes comunales y serle aumentadas las rentas a partir de 1840, tampoco se creó una masa de pequeños propietarios como quería el economista del XIX Flórez Estrada (doc. 4), ya que el objetivo de la desamortización no era la reforma agraria, ni mejorar la producción sino recaudar dinero para sanear la Hacienda. Flórez Estrada planteaba la idea de mantener la propiedad de la tierra en manos del Estado para arrendarla a los campesinos a bajos precios, a través de contratos de larga duración (contratos enfitéuticos); así pensaba en aumentar la producción agraria. Los ayuntamientos perdieron mecanismos de financiación para sus actividades al no tener tierras para arrendar, y los campesinos perdieron el uso de las tierras comunales por lo que vieron empeorar su situación o emprender el camino de la emigración para el trabajo en las nuevas industrias. La Iglesia, es la gran perjudicada; perdió las propiedades, aunque a cambio obtuvo el pago de los gastos de culto e clero. A nivel social la burguesía y la nobleza fueron las grandes beneficiadas (doc. 4 ... "toda a burguesía quixo desamortizar” ) ya que de ese modo obtenían la propiedad de la tierra, el prestigio y el poder político. Además la nobleza pudo consolidar su patrimonio al producirse la abolición de los derechos señoriales pero obteniendo la plena propiedad de la tierra y las rentas derivadas de ella. En este sentido Tomas y Valiente valora negativamente la desamortización de Mendizábal y Madoz mostrándose favorable ante la propuesta de Flórez Estrada para crear más propietarios, estabilizar el liberalismo y reducir las distancias entre el latifundista y el bracero.
A nivel económico las consecuencias de las desamortizaciones también son distintas como indica Josep Fontana en el doc. 5. Las ventas de las desamortizaciones fueron muy importantes para los distintos gobiernos ya que le proporcionaron los fondos para sanear la Hacienda, para ganar la guerra carlista y para la construcción del ferrocarril. Pero también podemos añadir alguna consecuencia negativa ya que no ayudó a aumentar la producción agrícola, ni a cambiar la distribución de la propiedad, ya que se mantienen los latifundios en el sur y los minifundios en el norte. También perjudicó a los ayuntamientos al perder las tierras con las que se financiaban. Finalmente, pudo perjudicar el proceso de industrialización al desviar parte del dinero de la burguesía hacia la compra de tierras.
Por lo que respecta a Galicia la desamortización tuvo un proceso distinto ya que se mantuvo la estructura de la propiedad procedente del Antiguo Régimen. En el caso gallego lo que se puso en venta fue el derecho foral a percibir las rentas de la tierra, que pasaron a manos de los hidalgos y de la burguesía de las ciudades. De ese modo el campesinado perdió la oportunidad de adquirir la tierra y se mantiene en la misma posición o empeora, ya que a los pagos de las rentas se suman, ahora, los pagos de los impuestos en dinero a los gobiernos liberales. De ese modo la desamortización en Galicia tiene dos aspectos negativos: el campesino sigue sobreexplotado (paga foros y paga impuestos), y aparece una burguesía rentista que no tiene interés en la agricultura.
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