TEORÍA COMPOSICIÓN 22. LA AGONÍA DEL FRANQUISMO Y EL INICIO DE LA TRANSICIÓN

COMPOSICIÓN 22. LA AGONÍA DEL FRANQUISMO Y EL INICIO DE LA TRANSICIÓN

ORIENTACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO: Sempre tendo en conta a información subministrada polos documentos, o alumnado deberá demostrar que coñece os principais problemas aos que debe facer fronte o Franquismo na súa etapa final: crise económica, incremento das forzas de oposición, “Marcha Verde”...., así como as diferentes medidas postas en marcha polo primeiro goberno da monarquía e  polo goberno de Suárez para chegar á implantación dunha democracia parlamentaria desde a legalidade franquista vixente, analizando máis en profundidade a Lei para a Reforma Política.

Pese a los profundos cambios económicos y sociales de la década de los sesenta que transformaron totalmente la sociedad española, el Régimen no estaba decidido a adoptar las formas políticas propias de las democracias occidentales. La idea de Franco, del franquismo, era su permanencia, por eso en 1967 se promulga la última de las Leyes Fundamentales, la Ley Orgánica del Estado, para dejar diseñado el futuro de España, y se completaba el proceso con la designación de Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco, a título de rey, en julio de 1969, de ese modo quedaba, en palabras de Franco, “atado y bien atado para el futuro”.

                Al mismo tiempo promulgan una serie de leyes para apaciguar las tensiones sociales y canalizar las crecientes discrepancias entre las diversas familias que componen el régimen. Entre las leyes promulgadas destacamos la Ley de Prensa (1966) que suprimía la censura previa, la Ley de Libertad Religiosa (1967) que reconocía la igualdad de todas las religiones, la Ley de Educación (1970) que establecía la escolarización obligatoria hasta los 14 años. Los sectores más inmovilistas, por su parte, no querían ninguna suavización ni apertura. Presionaban para expulsar a los tecnócratas e incluso fue aireado el escándalo “Matesa”, para provocar su salida del gobierno, pero Franco los mantuvo en el poder. Franco necesitaba el apoyo económico y el gobierno de 1970 fue el llamado gobierno monocolor, por estar formado casi exclusivamente con tecnócratas y con la novedad de estar el almirante Carrero Blanco en la vicepresidencia, en el camino de preparar la sucesión. Ese proceso se culmina en el verano de 1973. Franco abandona la presidencia del gobierno y es nombrado Carrero Blanco como jefe de un gobierno en que estaban integradas todas las “familias”, en la idea de tenerlas controladas en el momento del fallecimiento de Franco. Pero el franquismo tiene que enfrentarse a varios problemas: crisis política, crisis económica y crisis internacional.

                La crisis política: los planes de Franco quedaron truncados en diciembre de ese mismo año cuando Carrero Blanco fue asesinado por ETA en un atentado perpetrado en Madrid en diciembre de 1973. Carrero era la pieza clave para la continuidad y estabilidad del sistema franquista.  ETA es una organización terrorista fundada en 1959, de una rama juvenil del Partido Nacionalista Vasco. La organización Euskadi ta Askatasuna (Euskadi y Libertad, ETA). Reaccionaban contra la pérdida de identidad del pueblo vasco y contra la represión franquista. Desde 1967 realizaban atentados.

                El atentado supuso un duro golpe para el franquismo, interinamente ocupó la presidencia del gobierno Torcuato Fernández Miranda, que evitó el “golpe de fuerza” que reclamaba la derecha.  La fractura entre inmovilistas (el búnker), defendían el carácter inalterable de los principios del 18 de julio, y los aperturistas, que defendían la necesidad de aplicar pequeñas reformas en un sentido democrático, fue haciéndose cada vez mayor.

               En enero de 1974 se formó un nuevo Gobierno presidido por Arias Navarro que pretendía unir a aperturistas e inmovilistas; un gobierno sin tecnócratas, con algún aperturista y, sobre todo, franquistas duros, mantener al régimen unido pese a las discrepancias para asegurar su futuro. El programa de gobierno que presentó quedó resumido en el llamado “Espíritu del 12 de febrero”, que fue la declaración más liberal nunca efectuada por un Ministro de Franco. En él, Arias prometió una nueva Ley Municipal que permitiese la elección de los alcaldes y de las diputaciones provinciales, aumentó el poder de los procuradores en las Cortes cuyo número ascendió, anunció reformas sindicales y una nueva Ley sobre las Asociaciones Políticas.

                Estos intentos de conciliación y aperturistas van a quedar cortados por los sectores ultraderechistas que denunciaban el inminente peligro de destrucción del régimen y forzaron el retorno al inmovilismo. Girón de Velasco, Presidente de la Confederación Nacional de Excombatientes, es uno de los máximos defensores del inmovilismo, defiende la necesidad de “cerrar el paso a los que quieren arrebatarnos la victoria”, hay que mantener las mismas ideas presentes en el Alzamiento del 18 de julio para evitar el “holocausto”. Se trataba, como hablaba la prensa de la época de un “gironazo” hacia las posiciones defendidas por el “bunker”.

Las reformas presentadas en febrero se cortan y los ministros aperturistas (Fraga, Fernández Ordóñez, Pío Cabanillas...) se alejaban del régimen. El intento de apertura había fracasado demostrando claramente la incapacidad del franquismo para democratizarse desde dentro. El gobierno vuelve a la represión y a mantenerse dentro de sus esencias.

El gobierno de Arias Navarro no sólo tuvo que hacer frente a la ruptura entre inmovilistas y reformistas sino también al aumento de la conflictividad social que se tradujo en un incremento del número de huelgas, al auge del terrorismo (ETA incrementó sus atentados y aparecieron nuevos grupos terroristas ultraizquierdistas como FRAP y GRAPO), a la cuestión marroquí (reclamaciones sobre el Sahara y Marcha Verde) y a la crisis económica. La presión al régimen desde el movimiento obrero también aumentaba, sobre todo la protagonizada por Comisiones Obreras. La dirección del sindicato ilegal (Marcelino Camacho) estaba en la cárcel desde 1972, y habían sido duramente condenados en el “proceso 1001” de diciembre del 73 a largas condenas de cárcel. A esa situación hay que unir el fin del crecimiento económico del desarrollismo y e inicio de la crisis del 73.

                La crisis económica se inició en 1973 y fue producida por la subida de los precios del petróleo y el inicio de un nuevo ciclo tecnológico que afectó gravemente a la economía mundial. Pero el Estado franquista no adoptó ningún tipo de medida y la crisis sacó a la luz los defectos estructurales del desarrollo económico de los años sesenta: la dependencia tecnológica del extranjero, el elevado endeudamiento de las empresas públicas, el aumento del paro… En la primavera de ese mismo año, la gran profundidad de la crisis económica era evidente, afectaba a todos los sectores económicos, que agravaba el negro panorama de nuestra economía y del futuro del régimen franquista, incapaz de atajar la profundidad de la crisis.

                Al mismo tiempo que se producía la desunión en el régimen entre las posiciones más inmovilistas y las reformistas, la oposición aumentaba y promovieron la creación de organismos unitarios para reivindicar la democratización del país e impedir la continuidad del franquismo. En este sentido, en Julio de 1974, a iniciativa del PC, se crea en París la Junta Democrática que tenía como objetivos “la formación de un Gobierno Provisional, la legalización de los partidos políticos, y la celebración de una consulta popular”. Se reclama una “ruptura” con la legalidad de la dictadura y la brusca desaparición del sistema franquista.  Al año siguiente el PSOE impulsó la Plataforma de Convergencia Democrática y en 1976 ambos organismos, con una programación similar, se unieron en la Coordinación Democrática, la Platajunta. Optaron por la vía de la “reforma” o “ruptura pactada”, es decir, la transformación de la dictadura en democracia partiendo de su propia legalidad, e incluso contando con la voluntad de las fuerzas aperturistas. En su Programa fundacional, entre otras cosas, piden: liberación de presos políticos, ejercicio de derechos humanos y libertades políticas, y la ruptura política con el inicio de un periodo constituyente.

                En ese contexto de crecimiento de la oposición, desunión del régimen, crisis económica y aislamiento internacional (había caído las dictaduras portuguesa y griega) se produce la reclamación de Marruecos sobre el Sahara, que agravo la crisis final de la dictadura.

En 1970, la ONU había aprobado una resolución para efectuar en el Sahara un referéndum de autodeterminación. España se niega a hacerlo hasta 1974. En 1973 se fundó el Frente Polisario que es un movimiento de liberación nacional que se formó por un grupo de estudiantes y soldados saharauis refugiados en Mauritania y que luchaban por la independencia del Sahara. Marruecos no quería el referéndum. El Rey Hassan de Marruecos organizó la “Marcha Verde”, grupos civiles que entrarían en el Sahara para anexionarlo, para octubre de 1975. Marruecos contaba con el apoyo de los EE.UU. y Francia, ante la vinculación del Frente Polisario y Argelia con la Unión Soviética. El día 6 de noviembre la Marcha Verde entró en el Sahara lo que determinó la salida de España (el 9 del 11 el rey ordena el repliegue. La ONU condenó la entrada, pero EE.UU. y Francia aceptaron la anexión. Se llega a los Acuerdos de Madrid, 14, 15 de noviembre de 1975, reparto del Sahara entre Marruecos (zona norte y oriental) y Mauritania (zona meridional), España abandona en febrero de 1976).

               

                El 20 de noviembre de 1975 Franco falleció dejando tras de sí un régimen anacrónico y en profunda crisis.

                Dos días después de su muerte Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey y con él se inicia la Transición hacia un sistema democrático. En su primer gobierno, mantiene como jefe de gobierno a Carlos Arias Navarro y como Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino a Torcuato Fernández Miranda. Dentro de ese gobierno había partidarios de mantenerse en el régimen, sin cambios, los que querían alguna transformación y los que esperaban poder avanzar hacia la democracia.

En este contexto ante los posibles cambios se perfilan tres posibilidades:

– Los continuistas (conocidos como el búnker), se mantienen fieles al espíritu de Franco y se oponen a cualquier reforma. Son minoritarios en el conjunto de la sociedad, pero tienen peso entre las Fuerzas Armadas y los servicios de Seguridad.

– Los rupturistas: creen que desde el franquismo no puede hacerse una reforma hacia la democracia. Consideran necesario romper con el sistema vigente para formar un Gobierno Provisional que legalice partidos y convoque elecciones a Cortes Constituyentes. Es la postura de casi toda la oposición.

– Los reformistas: son partidarios de iniciar una reforma dirigida desde la Dictadura para dar lugar a una democracia controlada. Favorecida por los poderes económicos y el entorno internacional (sobre todo EEUU). Los principales representantes de esta postura serán el Rey y Adolfo Suárez.

El gobierno contaba con una oposición democrática cada vez más fuerte, sobre todo desde la formación de la citada anteriormente Platajunta. La oposición de los inmovilistas también era mayor.  Al mismo tiempo se produce un incremento de la conflictividad social y laboral que provoca huelgas, protestas, etc. Los atentados terroristas de ETA, GRAPO, FRAP también se suceden. La respuesta del gobierno de Arias fue la represión, en algunos casos con gran dureza (sucesos en una iglesia de Vitoria el 3-3-1976). El cambio estaba paralizado, así que el Rey, que ya había estado lanzando mensajes de libertad y cambio (Discurso en el Congreso de Estados Unidos) y que había conseguido apoyos dentro y fuera de España (EE.UU.) solicitó a Arias su dimisión el 1 de julio de 1976.

Tras la dimisión de Arias, Torcuato Fernández Miranda, como Presidente del Consejo del Reino, le propuso al Rey, como era preceptivo, una terna de candidatos para la elección de jefe de gobierno: Adolfo Suárez, Gregorio López Bravo y Federico Silva. El día 3 de julio de 1976 Adolfo Suárez fue designado por el Rey para desempeñar el cargo de jefe de gobierno. Suárez provenía del franquismo, había sido ministro en el gabinete anterior, por lo que su nombramiento causó un gran recelo en la oposición y satisfacción en los sectores del régimen. Nombró un gobierno aperturista e inició un nuevo talante en un ambiente de poca colaboración: José María de Areilza o Fraga no querían colaborar, la Platajunta convocaba manifestaciones en apoyo de la amnistía…

Poco a poco el gabinete presidido por Suárez fue cobrando protagonismo y credibilidad y el 17 de julio hizo una declaración programática que marca el inicio de las reformas. En esa declaración, partiendo del principio de que “la soberanía reside en el pueblo”, anuncia la celebración de elecciones generales antes del 30 de julio de 1977. La idea era hacer la reforma dentro de la legalidad, hacer una ruptura pactada contando con mayor consenso y apoyo de las fuerzas políticas, para desmantelar lentamente la dictadura para llegar a la democracia. Acompañando estas ideas, Suárez pone en marcha algunas medidas reformistas, como la aprobación de una amnistía para presos políticos (salvo terrorismo), recogida en la declaración del 17 de julio. Ampliación de la tolerancia pública que amplía la libertad de expresión, negociaciones para legalizar centrales sindicales y partidos políticos, etc.

                Esta declaración fue recibida con rechazo en los sectores del bunker y con escepticismo en la oposición democrática. Al bunker había que aislarlo y a la oposición democrática ganarla para que se apartase de las posiciones rupturista y aceptase la vía reformista y de consenso, para pasar del régimen franquista a la democracia desmantelando lentamente las estructuras de la dictadura. Los partidos políticos comienzan a reorganizarse, la derecha en torno a Fraga forma Alianza Popular, democristianos y liberales forman el Partido Popular (PP) que será el aglutinante de la Unión de Centro Democrático (UCD), el Partido Comunista habla de la concordia entre españoles y abre una vía de diálogo con el gobierno, etc.). El gobierno por su parte, intenta controlar a los poderes fácticos: al ejército, con el vicepresidente del gobierno el general Gutiérrez Mellado, y a la Iglesia con la labor del cardenal Tarancón.

Finalmente, todo este proceso quedaría confirmado con la aprobación de la Ley para la Reforma Política (última Ley fundamental de la legislación franquista). Ley que fue el instrumento para encauzar la transición a la democracia, pasando de la ley a la ley (idea de Torcuato Fernández, pasar de las leyes franquistas a un verdadero Estado de Derecho utilizado las posibilidades de reforma de sistema anterior). La Ley fue presentada por Suárez a las Cortes para ser tramitada por el procedimiento de urgencia (para evitar oposiciones de los inmovilistas), es aprobada por las Cortes el 18 de noviembre de 1976 y ratificada, en referéndum nacional, el 15 de diciembre de 1976 (la prensa hablará de las Cortes haraquiri, por haber aprobado su autodisolución).  El búnker hizo campaña por el voto negativo, y la oposición, que consideraba la ley muy insuficiente, recomendó la abstención. Los resultados de la votación de diciembre de 1976 fueron claros: 77% de participación y 94% de votos afirmativos. Adolfo Suárez tenía un claro apoyo popular para culminar la Transición.

La Ley reconocía la soberanía popular, afirmaba la inviolabilidad de los derechos fundamentales y creaba unas Cortes democráticas de carácter bicameral. Las Cortes debían ser elegidas por sufragio universal, directo y secreto. Serían elegidos 350 diputados y 207 senadores.

 Desde ese momento se iniciaba la voladura controlada del régimen, se iniciaba el camino hacia la democracia que arrancaba la transición y que dejaba atrás el duro periodo de la dictadura franquista.