TEORÍA COMPOSICIÓN 17. LAS GRANDES REFORMAS DE LA SEGUNDA REPÚBLICA

COMPOSICIÓN 17. LAS GRANDES REFORMAS DE LA SEGUNDA REPÚBLICA

Sempre tendo en conta a información subministrada polos documentos, o alumnado comentará as causas, evolución e consecuencias das principais reformas emprendidas pola República (relixiosa, militar, agraria, territorial, educativa...), explicando con máis detalle aquelas que se mencionen especificamente nos documentos e indicando cales foron xa iniciadas no Goberno Provisional ou no Bienio Reformista, a parálise de todas elas durante Bienio de Dereitas e a súa recuperación no goberno da Fronte popular, non sendo necesario sen  afondar nestes períodos.

Desde la madrugada del día 14, en distintas localidades de España se empieza a proclamar la República (Eibar). En Madrid, en la tarde del 14 de abril de 1931, el gobierno del almirante Aznar no se opone a que los integrantes del comité revolucionario de los firmantes del Pacto de San Sebastián, formen un Gobierno Provisional con los líderes de los principales partidos (PSOE, Derecha Liberal Republicana, Acción Republicana, Partido Republicano Radical Socialista, Partido Republicano Radical, entre los miembros se encuentran: Álvaro Albornoz, Niceto Alcalá-Zamora, Miguel Maura, Francisco Largo Caballero, Fernando de los Ríos, Alejandro Lerroux, Manuel Azaña, etc.), a excepción de los monárquicos, nacionalistas vascos, comunistas y anarquistas. Era un gobierno de concentración presidido por Niceto Alcalá Zamora que reflejaba los acuerdos del Pacto de San Sebastián. Uno de los más influyentes y con mejor conocimiento de los problemas de España es Azaña, líder de Acción Republicana y unos de los diseñadores de la Conjunción republicana-socialista para las elecciones, pero, como indica S. Carrillo en el Doc. 1., sin el respaldo político necesario (su partido no supera los 30 diputados, en las elecciones del 36 integrado en Izquierda Republicana tendrán 87 diputados).  En el resto de las instituciones también tomaron el poder los republicanos.

Para llevar a cabo la construcción del régimen el Gobierno acometió dos acciones:

-              Adopción de medidas de carácter reformista que intentan plasmar el programa pactado. Se empiezan desde los distintos ministerios las grandes reformas de la República: militar, agraria, religiosa, etc.

-              Convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes, 28-6-31.

Desde abril el Gobierno provisional comienza a plantear las reformas más importantes que se continuarán más profundamente desde el momento en que Manuel Azaña tome la presidencia del Gobierno Provisional, en octubre, y se intensificarán a partir de diciembre del 31, una vez aprobada la Constitución del 31, que da el marco legal para todas las transformaciones.

Entre las grandes reformas debemos señalar:

POLÍTICA SOCIAL y TRABAJO. (Ministro de Trabajo, Largo Caballero (PSOE))

Había que atender de un modo rápido a las demandas de los trabajadores para reducir huelgas, manifestaciones y modificar las relaciones de trabajo en un sentido favorable a los obreros mediante reformas legislativas, entre las que destacamos:

-          Decreto de Términos Municipales (28-4-31), prohibía contratar jornaleros de fuera del ayuntamiento. Intenta impedir contratar trabajadores de fuera para evitar que bajen los salarios. Dificultó en algún momento la recogida de cosechas. Provoca descontentos.

-          Decreto de Laboreo forzoso (25-9-31): obligaba a los propietarios a cultivar sus tierras. Impedir el boicoteo a la República por los terratenientes dejando las tierras incultas y aumentando la conflictividad social.

-          Jornada de 8 horas. Igualdad con los trabajadores industriales.

-          Ley de Jurados Mixtos entre obreros y patronos para la reglamentación de conflictos y salarios. Reducir conflictividad social, huelgas.

EJÉRCITO. (Ministro de Guerra, Azaña)

En 1931 el ejército presentaba graves dificultades, tanto por su estructura (exceso de oficiales, macrocefalia) como por su falta de equipamiento. A esto podemos añadir una formación militar anticuada y una excesiva intervención en asuntos de orden público. Por todo esto, Azaña, emprende una profunda reestructuración y reforma del ejército con dos objetivos claros: disminuir el poder político de los militares y reducir el número de cuerpos y oficialidad (macrocefalia del ejército) aumentando su eficacia. Entre las medidas adoptadas:

-          Ley de Juramento a la República (decreto de 22 de abril de 1931): Se pretende suprimir oficiales y antirrepublicanos. Conseguir un ejército fiel a la República y, para ello, todos los mandos deben jurar y prometer fidelidad a la República.

-          Para facilitar lo anterior, se aprueba la famosa Ley del retiro (decreto de 25 de abril) que permitía retirarse a los oficiales con el sueldo entero. Así se Azaña conseguía reducir el número de oficiales. Era voluntario, pero si no se alcanzaba el número de retiros necesarios, el ministro se reservaba el derecho a destituir, sin beneficio alguno, a cuantos oficiales estimase oportuno.

-          Supresión de la Ley de jurisdicciones. Vuelven los delitos de las ofensas a la patria a la jurisdicción civil.

-          Cierre de la Academia General de Zaragoza, por ser un “centro antirrepublicano.

-          Reestructuración del ejército de la Península y de África.

Ideas: modernizar el ejército, reducir el número de oficiales y eliminar el poder político de los militares. Difícil de conseguir por el poco presupuesto y la resistencia de los africanistas.

Por otro lado, La República crea la Guardia de Asalto, para controlar el orden público y tener un cuerpo de policía fiel con la República, pero el ejército sigue siendo necesario para frenar las huelgas y por lo tanto mantiene su presión sobre el poder civil.

LA REFORMA RELIGIOSA

Había que disminuir el poder de la Iglesia y su influencia en la vida social y política. Pretendían crear un estado laico. Separar Iglesia y Estado. Al tiempo era necesario calmar la situación social, ya que los ataques a la Iglesia eran muy fuertes (quemas de conventos en mayo) y la oposición de la jerarquía católica a la república muy dura. El propio discurso de Azaña pronunciando la frase “España ha dejado de ser católica” causó un fuerte rechazo de la jerarquía y de parte de la sociedad. 

La idea de secularizar la vida social quedó plasmada en la Constitución (matrimonio civil, divorcio, secularización de los cementerios, libertad de cultos, supresión de las ayudas al clero, separación Iglesia-Estado). Se completaba con la Ley de Congregaciones religiosas de mayo de 1933, que limitaba las posesiones de bienes de las órdenes religiosas, cesaba los gastos de culto y clero, les impedía mantener los centros de enseñanza y posibilitaba la disolución de las congregaciones que no cumpliesen con la ley (permite la disolución de la Compañía de Jesús, por el problema del cuarto voto (obediencia al Papa). Creó una fuerte oposición por parte de la jerarquía eclesiástica (no quería perder el control ideológico) y de los católicos que fue respondida con la expulsión de los opositores más fuertes (Cardenal Segura). Esta situación empeoró por el fuerte sentimiento anticlerical de los sectores más radicales; la quema de conventos el 10, 11 de mayo de 1931 señala la gravedad de los enfrentamientos.

            LA REFORMA DEL ESTADO CENTRALISTA. LAS AUTONOMÍAS

      Desde la crisis del 98 la organización territorial del Estado fue uno de los problemas centrales de la política española. Algunos intentos de descentralización, como la Mancomunidad de Cataluña, se cortaron con la Dictadura de Primo de Rivera. Era necesario recoger esa aspiración autonomista, de autogobierno, presente en algunas regiones. Así en el Pacto de San Sebastián ya se recoge esa aspiración que será plasmada en la Constitución de 1931. En la Constitución se recoge el derecho a que algunas regiones pudiesen elaborar sus Estatutos de Autonomía y organizar su propio gobierno dentro del Estado “integral”.

En Cataluña: el 14 de abril el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya proclamó la República Catalana dentro de la Federación Ibérica, que quedó anulada rápidamente por el Gobierno Provisional. Fue el primer problema que se planteó. Esquerra Republicana aceptó la renuncia a cambio del compromiso por parte del Gobierno Provisional de que las Cortes Constituyentes aceptarían el estatuto que decidiera Cataluña y que el gobierno catalán sería denominado Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Después arrancó la organización de la autonomía catalana con la elaboración del Estatuto de Autonomía (Estatuto de Nuria) que fue votado (99%) en agosto de 1931. Fue presentado a las Cortes, donde contó con la oposición de la derecha, republicanos y socialistas. Era un Estatuto más amplio, con más competencias y respondía a un modelo federal que no contemplaba la Constitución. Después será aprobado. Los factores que hicieron posible la aprobación del Estatuto, en septiembre de 1932, fueron: el intento de sublevación del general Sanjurjo y la defensa de la autonomía hecha por Azaña para conseguir el apoyo del catalanismo y estabilizar la República. Desde ese momento funcionaron las instituciones autonómicas: la Generalitat, presidida por Maciá, y el Parlamento de Cataluña, presidido por Lluis Companys.

En el País Vasco: carlistas y PNV aprobaron un estatuto (Estatuto de Estella, noviembre de 1933) de carácter muy partidista, tradicionalista, fuerista y confesional que contó con una fuerte oposición y que no llegó a aprobarse. Después de iniciada la guerra civil, en octubre de 1936, republicanos y socialistas aprobaron un estatuto más democrático. José Antonio Aguirre fue el primer presidente de la autonomía.

           

En Galicia: la conciencia nacionalista era menos acusada. El proyecto se inicia en 1932, a instancias del partido Galleguista, pero no llegó a aprobarse hasta el 28 de junio de 1936, quedando sin tramitar en las Cortes por la guerra.

            REFORMA EN LA EDUCACIÓN. LA POLÍTICA EDUCATIVA Y CULTURAL

Política educativa y cultural. Fernando de los Ríos. Aumento de escuelas. Crear escuelas y maestros. Misiones pedagógicas.

Pretendía eliminar las altas tasas de analfabetismo, mejorar el nivel cultural de la población y modificar la mentalidad de la gente creando ciudadanos libres y responsables. En la Constitución de 1931 se recogía la filosofía educativa que tenía que ser: obligatoria, gratuita y laica. El ministerio de Instrucción Pública elaboró un vasto proyecto de escolarización mediante construcción de escuelas y mejora en la formación de los maestros. Se producirá un fuerte aumento a pesar de las carencias presupuestarias. Para ayudar a extender la instrucción se pondrá en marcha las Misiones Pedagógicas[1] y la formación de agrupaciones como La Barraca (agrupación teatral de voluntarios dirigidos par Federico García Lorca).

           

            LA REFORMA AGRARIA

       

                  Era otra de las grandes reformas ya que en 1931 un 45 % de la población era campesina: de ellos la mitad eran jornaleros y más de un tercio pequeños propietarios y arrendatarios. Por otra parte, seguía siendo una agricultura atrasada y con pocos rendimientos.

                  Las primeras medidas reformistas fueron tomadas por Largo Caballero durante el Gobierno Provisional y se continúan durante el Bienio.

Para dar solución a esos problemas había dos vías:

                        - Técnica: aumento de productividad y superficie de cultivo.

                                    - Social: reparto y distribución de tierra.

            La República intentó llevar adelante las dos, pero fijándose más en la social, es decir, repartir tierras, que era la reivindicación del campesinado.

            La solución pasaba por la reforma de la propiedad de la tierra, lo que chocaba con la resistencia de los propietarios, pero entre socialistas y republicanos tampoco había acuerdo, ya que los socialistas defendían la socialización y la explotación colectiva, mientras que los republicanos eran partidarios del reparto de tierras y fomentar la pequeña propiedad; por eso la ley se retrasó en su tramitación.

            Entre las medidas hechas para mejorar el campo están: decreto sobre la jornada laboral (de 8 horas), salarios mínimos, pasto y cultivos de tierras, decreto sobre mantenimiento de los contratos de arrendamiento, el decreto de Términos municipales, decreto de laboreo forzoso, etc.; el punto culminante es la Ley de Bases de la Reforma Agraria que se promulga el 15 de diciembre de 1932.

            La Ley perseguía: “remediar el paro agrario”, mediante el asentamiento de los jornaleros en las tierras expropiadas; “redistribuir la tierra”, expropiando las grandes fincas; y “racionalizar el cultivo”, disminuyendo el cultivo de cereales.

            Para ejecutar la Ley se creó el Instituto de Reforma Agraria (IRA) apoyado por el Banco Nacional Agrario (dotado con pocos recursos).

            El conjunto de tierras a repartir estaría formado por las tierras entregadas voluntariamente y por las tierras expropiadas.

            Las tierras expropiables eran:

-          Las de los Grandes de España, expropiadas sin indemnización. 99 Grandes tenían 577 359 Ha.

-          Las cultivadas deficientemente, no regadas, etc. Con indemnización en títulos de             Deuda al 5% de interés.

-          Las arrendadas sistemáticamente. Indemnizadas como las anteriores.

Las tierras pasaban al IRA que las entregaba a las Juntas provinciales y estas a los campesinos que tenían que decidir si las trabajaban colectivamente o individualmente.

La aplicación de la Ley fue muy limitada, solo 12 000 familias asentadas entre 1932-34.

Las dificultades que tenían eran:

-          Ley muy compleja, demasiados trámites, la tarea de inventariar tierras era laboriosa.

-          Mala organización del IRA. Falta de capital.

-          Poca preparación del Ministro Marcelino Domingo y de los técnicos.

También fue muy criticada y causará numerosos conflictos por:

-          la lentitud: aumentará la conflictividad del campesinado, llevará a la ocupación a la fuerza de tierras y al posterior enfrentamiento con la Guardia Civil (Casas Viejas, Cádiz; Castilblanco, Extremadura).

-          La expropiación forzosa y la poca o ninguna indemnización: provocará enfrentamientos con los grupos poderosos.

Durante estos dos años, el Bienio Reformista se tendrá que ir enfrentando a muchos problemas: los efectos de la crisis económica mundial del 29, los problemas derivados de su propia gestión económica, los derivados de la conflictividad social, la lentitud en la aplicación de las reformas: provocó el desencanto e impaciencia entre los trabajadores (no apoyo a los partidos y ocupación de fincas), actitud muy contraria entre los propietarios de las tierras y empresarios; algunos partidos y sindicatos de izquierda contribuyeron a aumentar la conflictividad social (la CNT fomentó la insurrección campesina, los radicales de la UGT también se sumaron a los intentos revolucionarios); aumentan las huelgas, y las ocupaciones de tierras (Castilblanco, Casas Viejas). La actitud muy crítica y de rechazo por parte de la Iglesia, de los militares (la Unión Militar Española, organización militar clandestina de ultraderechistas) y de la oligarquía y parte de la burguesía.

Esta situación permite a la derecha su reorganización: cobran fuerza grupos como Renovación Española, Comunión Tradicionalista, Falange Española, y, sobre todo La CEDA de José María Gil Robles.

A partir de 1933 la posición del gobierno era cada vez más difícil por la conflictividad social (también se está debatiendo la ley de Congregaciones religiosas que desprestigia al gobierno). En septiembre de 1933 Azaña dimite; Lerroux forma gobierno y después Martínez Barrio. Finalmente, Alcalá Zamora convocó elecciones para noviembre de 1933.

Las elecciones las ganan los partidos de centro derecha y entramos en el Bienio Negro (1933-1936)

LAS REFORMAS DURANTE EL BIENIO NEGRO:

El gobierno de Lerroux, intentó moderar las reformas, pero no anularlas. Lerroux pensaba que sería suficiente con una «rectificación» parcial de las reformas del primer bienio, manteniendo la fidelidad a los principios básicos proclamados el 14 de abril, pero pronto surgieron las tensiones porque la CEDA y sus aliados pretendían ir más lejos en la rectificación.

En lo Referente a la cuestión militar: La reforma militar de Azaña se mantuvo, aunque los tres gobiernos radicales imprimieron a su gestión una orientación marcadamente contraria de la etapa de Azaña. El 20 de abril de 1934 las Cortes aprobaron la Ley de Amnistía (uno de los tres puntos del «programa mínimo» de la CEDA, y que también figuraba en el programa electoral del Partido Republicano Radical), que suponía la excarcelación de todos los implicados en el golpe de estado de 1932 (la «Sanjurjada»), incluido el general Sanjurjo. Por otro lado, el gobierno intentó atraerse a los militares descontentos, sobre todo a los africanistas, concediendo ascensos para puestos vacantes que deberían haberse eliminado. Así fueron promocionados militares de dudosa lealtad a la República, como el general Franco, a quien acabaría encomendando, contra la opinión del resto del gabinete, la dirección de las operaciones militares contra los sublevados en la Revolución de Asturias de 1934, o el general Goded, implicado en el fracasado golpe de Estado de agosto de 1932 encabezado por el General Sanjurjo.

En lo referente a la cuestión religiosa, por un lado, se intentó solucionar el tema de los sueldos de los curas, aprobándose una ley en abril de 1934 que devolvía parte de los salarios a los curas que trabajaban en parroquias de menos de 3000 habitantes y que tenían más de 40 años en 1931, recibirían dos tercios de su sueldo de 1931. La segunda batalla de la política religiosa se desarrolló en el campo de la enseñanza. El gobierno radical era consciente de que la sustitución de las escuelas privadas religiosas por escuelas públicas, prevista para enero de 1934 en el caso de la enseñanza primaria, planteaba graves problemas administrativos y presupuestarios a la vista de la falta de dinero, escuelas y maestros. Así, el gobierno de Lerroux presentó el 31 de diciembre de 1933 un proyecto de ley que prorrogaba los plazos para la sustitución de la enseñanza primaria, aunque el gobierno seguiría construyendo escuelas públicas (y subió el sueldo a los maestros). Además, como la Constitución de 1931 permitía la escuela privada, la Iglesia Católica hubiera podido mantener muchas de sus escuelas abiertas porque muchas las había puesto a nombre de mutualidades escolares.

Las reformas socio-laborales de Largo Caballero fueron parcialmente «rectificadas» bajo la presión de las organizaciones patronales, además de que a los radicales tampoco les agradaban. Sin embargo, ni la Ley de Contratos de Trabajo ni la de Jurados Mixtos fueron derogadas (si bien se comenzó a discutir su reforma) pero en el caso de estos últimos los presidentes nombrados por el gobierno empezaron a fallar más favorablemente a los patronos.

En lo referente a la reforma agraria, por un lado, se mantiene la Ley de Reforma y se siguen con los asentamientos, por otro lado, una Ley de Amnistía de 1934 permite devolver parte de las tierras a la nobleza y después se derogó el Decreto de Términos municipales, se prorrogó el de Intensificación de Cultivos y se reformaron los Jurados mixtos agrarios, todo en un sentido favorable a los propietarios (en parte revanchismo), lo que se tradujo en un aumento de la conflictividad en el campo. Se plantea una huelga general agraria para el verano del 34, que es contestada con una gran represión por parte del gobierno.

En lo referente a las reformas del estado centralista: el estatuto vasco se paraliza y con la Generalitat de Cataluña se llega a un enfrentamiento por la ley de Contratos de Cultivo de 1934 que permitía a los arrendatarios de las viñas (rabasaires) el acceso a la propiedad, el Tribunal de Garantías constitucionales anuló la ley y la Generaltitat aprobó una ley idéntica.

En cuanto a la reforma educativa, se mantenían los cambios, pero se disminuía el presupuesto; en la práctica quedaba desactivada.

Como consecuencia de estos cambios: la izquierda radicaliza su posición: Largo Caballero (PSOE) partidario de la revolución social y de la colaboración con los anarquistas para enfrentarse al gobierno: lo que se traduce en más conflictividad y más huelgas. Por su parte, Indalecio Prieto (PSOE, moderado) partidario de colaborar con partidos republicanos para estabilizar. La derecha (la CEDA), quiere más contrarreforma, endurece su posición y pide entrar en el gobierno.

La CEDA entra en el gobierno y se llega a la revolución del 34; con los graves sucesos en Asturias y en Cataluña. A partir de ahí, tenemos:

                Supresión del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

                Anulación de la ley de contratos de cultivo.

                Devolución de tierras a los jesuitas.

                El general Franco es nombrado Jefe del Estado Mayor.

Durante el año 35, se mantiene la política de contrarreforma y la CEDA y grupos a la derecha como Renovación Española quiere que se aumente. Finalmente, la crisis, la falta de entendimiento entre Alcalá Zamora y Lerroux, y los casos de corrupción que salpican al gobierno hacen que Lerroux tenga que dimitirá, y Alcalá Zamora plantea las elecciones para febrero de 1936.

Esas elecciones dan la victoria al Frente Popular. A partir de ahí el gobierno se planteó retomar las reformas del Bienio Reformista: se restablece el Estatuto de Cataluña y se retoma el estatuto vasco y el de Galicia, se amnistían a los presos políticos y se readmiten a los despedidos de las huelgas del 34. Aumentan las huelgas, los anarquistas acciones revolucionarias, ocupación de tierras en Andalucía y Extremadura.

 La derecha reacciona con un rechazo absoluto: cierre de fábricas, oposición de los propietarios agrícolas, la Iglesia muy crítica con la República, la Falange fomenta la crispación “dialéctica de los puños y las pistolas”.

Los militares descontentos, con el apoyo de monárquicos, carlistas, falangistas, CEDA inicia los preparativos de un golpe de estado que se hará efectivo el 17 de julio en Marruecos y el 18 en la Península; las reformas habían llegado a su fin y se inicia la Guerra Civil.

DECRETO DE TÉRMINOS MUNICIPALES (1931)

“A fin de lograr la necesaria coordinación y eficacia de la acción del Estado con la de los Municipios para el remedio de la crisis de trabajo y ocupación de los obreros que se hallan en paro forzoso, y mientras tanto se organiza un Servicio oficial de Bolsas de Trabajo, a propuesta del Ministro de Trabajo y Previsión, y de acuerdo con el Gobierno provisional de la República, como Presidente de éste Vengo en decretar lo siguiente:

Art. 1º. En todos los trabajos agrícolas, los patronos vendrán obligados a emplear preferentemente a los braceros que sean vecinos del Municipio en que aquéllos hayan de realizarse.

Art. 2º. A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, en los Municipios donde existan Delegaciones locales del Consejo de Trabajo, por la Secretaría de estos organismos se abrirá un registro en el que podrán inscribirse los obreros agrícolas que no tengan colocación. Donde no existan las indicadas Delegaciones, llevará dicho registro la Secretaría del Ayuntamiento respectivo, bajo la inspección del Alcalde y de un patrono y de un obrero designados por elección de las Asociaciones patronales y obreras, respectivamente, que existan legalmente constituidas en la localidad o, en defecto de ellas, por los patronos y obreros no asociados.

Art. 3º. Dicho registro estará a disposición del público y en él podrán los patronos elegir a los obreros que hayan de emplear, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 1º, y dejando nota en el registro de los obreros que contraten.

Art. 4º. Las infracciones de lo dispuesto en el artículo 1º serán castigadas con multa de 25 pesetas y de 50 pesetas en caso de reincidencia, que serán impuestas por los Alcaldes.

Dado en Madrid a veintiocho de abril de mil novecientos treinta y uno.

 Niceto Alcalá-Zamora y Torres El Ministro de Trabajo y Previsión, Francisco L. Caballero Fuente: Gaceta de Madrid, 30 de abril de 1931, 120, pp. 414-415

DECRETO DE LABOREO FORZOSO

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LA REPÚLICA ESPAÑOLA A todos los que la presente, vieren y entendieren, sabed: QUE LAS CORTES CONSTITUYENTES, en funciones de Soberanía Nacional, han decretado y sancionado la siguiente.  LEY

"Artículo 1.°; El Gobierno queda autorizado para decretar por causa ,de utilidad pública el laboreo forzoso de las tierras en el momento y en las provincias en que la dejación del cultivo coincida con la existencia de obreros  agrícolas sin trabajo.

Art.. 2. El laboreo, forzoso podrá ser exigido únicamente a las tierras ya roturadas, y atenderá a seguir el orden de cultivo de las fincas sin que varíe su género de explotación. Se harán en cada caso las labores propias del tiempo y de la localidad a uso y costumbre de buen labrador, no otras ni de otro modo, aunque con ello pudiera conseguirse un progreso técnico.

Art. 3. El cumplimiento de la presente ley correrá a cargo de las Juntas locales agrarias que se constituyan con arreglo al decreto del ministerio de Trabajo de 25 de agosto. En los puebles donde no deban existir, y en los otros mientras no estén constituidas, será cometido de las Comisiones municipales de Policía, rural, asistidas por una representación obrera y otra patronal, designadas al efecto. En los pueblos donde no exista Ayuntamiento las juntas vecinales asumirán estas atribuciones.

Madrid, veintitrés de Septiembre de mil novecientos treinta y uno.

Niceto Alcalá Zamora – El ministro de Economia Nacional, Luis Nicolau

 D Olver.

(Gaceta de 25 de Septiembre de 1931)

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[1]                     Integradas por maestros y estudiantes universitarios que llegaron a los más recónditos pueblos de España llevando bibliotecas, equipos de cine y organizando lecturas, recitales etc. Estaban dirigidas por Manuel Bartolomé Cossío.