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viernes, 29 de septiembre de 2017

BLOQUE 11: LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA


LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA

Bloque 12. Normalización democrática de España e integración en Europa (desde 1975)

 B12.1. Transición a la democracia: crisis económica mundial; alternativas políticas al franquismo, continuismo, reforma o ruptura; el papel del Rey; la ley para la reforma política; primeras elecciones democráticas.

 B12.2. Período constituyente: Pactos de la Moncloa; preautonomías de Cataluña y el País Vasco; Constitución de 1978 y Estado de las autonomías. El caso de Galicia.

 B12.3. Gobiernos constitucionales: problema del terrorismo; golpe de Estado frustrado de 1981; ingreso en la OTAN; plena integración en Europa.

 B12.4. Papel de España en el mundo actual.

Estándares:

 HEB12.1.1. Explica las alternativas políticas que se proponían después de la muerte de Franco, y quien defendía cada una.

 HEB12.1.2. Describe el papel desempeñado por el Rey durante la transición.

 HEB12.1.3. Describe las actuaciones impulsadas por el presidente del Gobierno Adolfo Suárez para la reforma política del régimen franquista: ley para la reforma política de 1976, ley de amnistía de 1977, etc.

 HEB12.1.4. Explica las causas y los objetivos de los Pactos de la Moncloa.

 HEB12.2.1. Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978 y sus características esenciales.

 HEB12.2.2. Describe como se establecieron las preautonomías de Cataluña y el País Vasco.

 HEB12.3.1. Elabora un esquema con las etapas políticas desde 1979 hasta la actualidad, según el partido en el poder, y señala los principales acontecimientos de cada una de ellas.

HEB12.3.2. Comenta los hechos más destacables del proceso de integración en Europa y las consecuencias para España de esta integración.

 HEB12.3.3. Analiza la evolución económica y social de España desde la segunda crisis del petróleo en 1979 hasta el comienzo de la crisis financiera mundial de 2008.

 HEB12.3.4. Analiza el impacto de la amenaza terrorista sobre la normalización democrática de España, describe la génisis y evolución de las organizaciones terroristas que actuaron desde la transición democrática hasta nuestros días (ETA, GRAPO, etc.) y reflexiona sobre otros temas relacionados: la ciudadanía amenazada, los movimientos asociativos de víctimas, la mediación en conflictos, etc.

 HEB12.3.5. Representa una línea del tiempo desde 1975 hasta nuestros días, y sitúa en ella los principales acontecimientos históricos.

 HEB12.4.1. Explica la posición y el papel de España actual en la Unión Europea y en el mundo.

 PREGUNTAS SEÑALADAS:
22.  LA AGONÍA DEL FRANQUISMO Y LOS INICIOS DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA. (la primera parte se contesta con el final del tema del franquismo y la segunda parte está aquí. También se puede mirar la propuesta de solución del modelo de examen).

23.  LAS PRIMERAS ELECCIONES DEMOCRÁTICAS Y LA CONSTITUCIÓN DE 1978.
            Se contesta con los apartados 1.3 y e. 1.4

24.  LA CRISIS DE LA UCD Y EL GOLPE DE ESTADO.
            Usar los apartados 2.2. y 2.3

25.  LA CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA: LOS GOBIERNOS DEL PSOE.
            Apartado 3.
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 HEB12.1.1. Explica las alternativas políticas que se proponían después de la muerte de Franco, y quien defendía cada una.

En el tardofranquismo se plantearon distintos proyectos de futuro tanto entre las distintas familias del régimen como de la oposición política acerca de qué rumbo seguir tras la muerte inminente del dictador.

En el seno del régimen franquista había varias tendencias:  

La inmovilista (el bunker) su proyecto era el franquismo sin Franco, es decir, continuar con una dictadura como la emprendida en 1939. En este sector estaban personajes como José Antonio Girón de Velasco, Juan García Carrés, Blas Piñar, y muchísimos miembros de la milicia (Ángel Campano, Jaime Miláns del Bosch, Antonio Tejero …) que en varias ocasiones intentarían dar golpes de Estado para abortar cualquier salida democrática.

La reformista-continuista. El proyecto «aperturista» falangista de Solís se complementaba con la creación de «asociaciones» dentro del Movimiento, para dotar al régimen franquista de un cierto nivel de «participación» popular en el llamado «contraste de pareceres». La ley de Prensa de Fraga y la Ley de Libertad Religiosa de junio de 1967, se presentan en esa línea.

La aperturista estaba formada por los partidarios de conducir el régimen desde la dictadura hasta una democracia homologable a las europeas occidentales. A este grupo de los aperturistas pertenecían el propio príncipe, luego rey Juan Carlos I, y sus hombres de confianza: Manuel Gutiérrez Mellado, Torcuato Fernández y Adolfo Suárez. Eran partidarios de cambiar el régimen, pero desde la legalidad, derogar el régimen franquista, pero sin rupturas:  de la Ley a la Ley a través de la Ley.

Por su parte, también en la oposición política, formada fundamentalmente por unos partidos de izquierdas muy atomizados (PSOE, PCE, PTE, ORT, …) y los de los nacionalismos periféricos (CDC, PNV, ETA, …), había distintos proyectos.

Por un lado, la Junta Democrática (promovida por el PCE) planteaba una ruptura democrática consistente en la disolución inmediata de las instituciones franquistas y la formación de un gobierno provisional que garantizase el establecimiento de estructuras democráticas.

Por otro lado, la Plataforma de Convergencia Democrática (auspiciada por el PSOE) planteaba una ruptura pactada o reforma de las instituciones franquistas, para que desde la legalidad se desembocara paulatinamente en el sistema democrático. Este proyecto coincidía con el de los aperturistas del régimen franquistas.


 HEB12.1.2. Describe el papel desempeñado por el Rey durante la transición.

Juan Carlos I heredó de Franco todos los poderes de Franco, "El Caudillo", y podía haber optado por continuar con la dictadura personal. No obstante, el rey se desprendió de buena parte de sus prerrogativas, aunque continuó con dos altas magistraturas: la Jefatura de Estado y la de las Fuerzas Armadas. Posiblemente, el rey Juan Carlos no deseaba, o sabía, que no se podía continuar con un régimen dictatorial: España no podía seguir siendo un “país diferente” en lo político, y por ello "aislado", sin integrarse en Europa Occidental adecuadamente.

El rey Juan Carlos, en primer lugar, no sin dificultades, optó por políticos aperturistas, como él, para que condujeran a España hacia la democracia: Torcuato Fernández y Adolfo Suárez.
El rey busca apoyos para controlar el interior y el exterior. Escoge a Adolfo Suárez, como jefe de gobierno. Y estos lograron implantar progresivamente la democracia en España: primero derogando el régimen anterior, luego con unas elecciones libres, y, finalmente, con la elaboración y aprobación en referendum de la Constitución de 1978. Ya se había logrado la normalidad democrática.

Decisivo también resultará su papel como jefe de las fuerzas armadas. Desde ese puesto se nos recuerda su papel en la noche del 23 de febrero de 1981 ("¿El general Armada? Ni está ni se le espera".). Su defensa del régimen constitucional.
           
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            Con la muerte de Franco se inicia la etapa de la transición democrática. Consiste en el paso de la dictadura a la democracia a partir de la legalidad franquista, sin cambios revolucionarios. Es un cambio en el que se pusieron de acuerdo sectores procedentes del franquismo y de la oposición (liberales e izquierda) y que contó con la oposición de la extrema izquierda y del bunker (el franquismo inmovilista).
            Es de destacar en este proceso el comportamiento de la sociedad española, que se moderniza y se aleja de posiciones extremas. Finalmente, es de mencionar la posición del Rey, Juan Carlos I, que asumió el papel de monarca constitucional y que potenció la democratización de España.


1.                  LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA. 1975-77

Los trazos característicos de este período son:
           
-            Se trata de un proceso graduado en el tiempo, no revolucionario: eliminación del sistema dictatorial, constitución formal de la democracia, reforma económica, normalización del funcionamiento de las instituciones, etc.
-            Mantuvo el equilibrio entre ruptura y reforma haciendo la transición desde la legalidad.
-            Se hizo desde el consenso, basado en los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas y en   la reconciliación social.
-            Los cambios fueron legitimados con la consulta popular: Ley de reforma política, elecciones de 1977, referéndum de la Constitución de 1978.

1.1.                         PROCLAMACIÓN DEL REY JUAN CARLOS I Y PRIMER GOBIERNO

Al morir Franco, el 20 de noviembre de 1975, se lleva a cabo el traspaso de poderes según lo dispuesto por el propio Franco, para garantizar la continuidad del Régimen. El día 21, Juan Carlos I es nombrado capitán general de los tres ejércitos y jura las Leyes Fundamentales del Reino. El día 22 es proclamado rey de España[1] ante las Cortes españolas y pronuncia su primer discurso oficial como rey, aludiendo a Franco, a la tradición y leves referencias a la modernidad. Parecía indicar que se mantenían las posiciones del régimen, aunque dejaba entrever un espíritu nuevo: la reconciliación, la tolerancia, el reconocimiento de las peculiaridades regionales, etc. También establecía el tono del proceso: en el futuro los grupos políticos que gobernasen España tendrían que lograr acuerdos. Entre las opciones que se manejaban: continuismo, ruptura o reforma, esta última parecía imponerse.

            En su primer gobierno[2], mantiene como jefe de gobierno a Carlos Arias Navarro y como Presidente de las Cortes del Consejo del Reino a Torcuato Fernández Miranda[3].


 HEB12.1.1. Explica las alternativas políticas que se proponían después de la muerte de Franco, y quien defendía cada una. (está más desarrollado antes)

En este gobierno se defendían posiciones políticas distintas: (dentro del gobierno y en la oposición)

-          La continuista: defendida por Arias. Seguir en el modelo franquista con algunos derechos.
-          La reformista-continuista (Fraga).
-          La reformista (Areilza), avanzar hacia la democracia.

El gobierno contó con una fuerte oposición, sobre todo tras la formación de la Coordinación Democrática, en marzo del 76, por la fusión de la Junta Democrática y de la Plataforma de Convergencia Democrática. En su Programa fundacional, entre otras cosas, piden: liberación de presos políticos, ejercicio de derechos humanos y libertades políticas, y la ruptura política con el inicio de un periodo constituyente.
   También los carlistas se mostraron descontentos con el gobierno,  pero los sucesos de  Montejurra[4], mayo de 1976, entre las posiciones de los dos hermanos, Carlos Hugo (socialista) y Sixto Enrique (integrista), llevaron a la desaparición política del carlismo.
En la extrema derecha estaban los involucionistas, también llamados "el bunker", no barajaban ninguna otra posibilidad que no fuera continuar con una dictadura como la emprendida en 1939. (se pueden señalar:  José Antonio Girón de Velasco, Juan García Carrés, Blas Piñar, y muchísimos miembros de la milicia Ángel Campano, Jaime Miláns del Bosch, Antonio Tejero … que en varias ocasiones intentarían dar golpes de Estado para abortar cualquier salida democrática).
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            Al mismo tempo se produce un incremento de la conflictividad social y laboral que provoca huelgas, protestas, etc. La respuesta del gobierno fue la represión, en algunos casos con gran dureza (sucesos en una iglesia  de Vitoria el 3-3-1976[5]).
           
El cambio está paralizado, así que el Rey, que ya había estado lanzando mensajes de libertad y cambio (Discurso en el Congreso de Estados Unidos), solicitó a Arias su dimisión el 1 de julio de 1976.

1.2.                         EL GOBIERNO DE ADOLFO SUÁREZ: INICIO DE LAS REFORMAS

 HEB12.1.3. Describe las actuaciones impulsadas por el presidente del Gobierno Adolfo Suárez para la reforma política del régimen franquista: ley para la reforma política de 1976, ley de amnistía de 1977, etc. (hay que resumir el punto 1.2 y el 1.3)

Tras la dimisión de Arias, Torcuato Fernández Miranda como Presidente del Consejo del Reino le propuso al Rey, como era preceptivo, una terna de candidatos para la elección de jefe de gobierno: Adolfo Suárez, Gregorio López Bravo y Federico Silva. El día 3 de julio de 1976 Adolfo Suárez fue designado por el Rey para desempeñar el cargo de jefe de gobierno. Suárez provenía del franquismo[6], había sido ministro en el gabinete anterior, por lo que su nombramiento causó un gran recelo en la oposición y satisfacción en los sectores del régimen.
Poco a poco el gabinete[7] presidido por Suárez fue cobrando protagonismo y credibilidad y a mediados de julio hizo una declaración programática que marca el inicio de las reformas. En esa declaración, partiendo del principio de que la soberanía reside en el pueblo, anuncia la celebración de elecciones generales antes del 30 de julio de 1977. La idea era hacer la reforma dentro de la legalidad, hacer una ruptura pactada contando con mayor consenso y apoyo de las fuerzas políticas, para desmantelar lentamente la dictadura para llegar a la democracia.
Acompañando estas ideas, Suárez pone en marcha algunas medidas reformistas:

-          Renuncia del Rey al privilegio de presentación de obispos.
-          Aprobación de una amnistía para presos políticos (salvo terrorismo).
-          Ampliación de la tolerancia pública que amplía la libertad de expresión.
-          Negociaciones para legalizar centrales sindicales y partidos políticos.
            El pueblo español recogía estas medidas con satisfacción, pero en la calle el clima era de protestas y enfrentamientos. Se sucedían las manifestaciones. Los atentados terroristas (ETA y GRAPO, Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre) eran frecuentes y traían la sombra de un parón en las reformas. Por su parte la extrema derecha (los ultras) también empleaban la violencia como medio para parar los cambios.

Las fuerzas políticas, ante las medidas anunciadas por Suárez, inician un proceso de reorganización:
-          En la derecha: unión en torno a Manuel Fraga de las fuerzas del franquismo formando Alianza Popular (AP).
-          En el centro: democristianos y liberales forman el Partido Popular (PP) que será el aglutinante de la Unión de Centro Democrático (UCD).
-          Las fuerzas de oposición ahora unidas en la Plataforma de Organismos Democráticos (la Superplatajunta).
-          La izquierda: sobre todo el Partido Comunista: en julio de 1976 hace una Declaración en Roma con el compromiso de una concordia entre todos los españoles y abrir una vía de diálogo con el gobierno.

Al mismo tiempo, para poder llevar adelante el cambio el gobierno tenía que:
-          dejar aislada a la extrema derecha.
-          controlar los poderes fácticos: sobre todo el control del ejército, punto central del franquismo. Al principio algunos altos mandos provocaron incidentes, debido a su manifiesta voluntad contraria al cambio. Las fuerzas armadas tenían que garantizar la transición democrática. En ese sentido es de destacar a labor del vicepresidente del gobierno, el teniente general Gutiérrez Mellado. En cuanto a la Iglesia, ya se venía desenganchando de la dictadura y apostaba por un futuro democrático. La jerarquía eclesiástica, dirigida por el cardenal Tarancón, apoyó el sector reformista de la dictadura, animó a la oposición liberal y contribuyó a debilitar la agresividad de la derecha conservadora.
-          Buscar el apoyo de la oposición para la reforma, haciendo que abandonase su posición rupturista.

Finalmente, se llega a la aprobación de la Ley para la Reforma Política. La ley fue el instrumento para encauzar la transición a la democracia, pasando de la ley a la ley. La ley es aprobada por las Cortes el 18 de noviembre de 1976 y ratificada, en referéndum nacional, el 15 de diciembre de 1976.
La ley
-          Reconocía la soberanía popular.
-          Afirmaba la inviolabilidad de los derechos fundamentales.
-          Creaba unas Cortes democráticas de carácter bicameral. Las Cortes debían ser elegidas por sufragio universal, directo y secreto. Serían elegidos 350 diputados y 207 senadores (el Rey nombra, además, a un número de senadores no superior a una quinta parte).

Adolfo Suárez pensó que esta ley contaría con bastante oposición en los sectores franquistas, por lo que fue tramitada por el procedimiento de urgencia, es debatida en las Cortes del 16 al 18 de noviembre de 1976. Para sorpresa de todos, fue aprobada por 425 votos a favor, 59 en contra, 13 abstenciones y 34 ausencias. Las propias cortes franquistas votaban su disolución, por lo que fueron conocidas como “las Cortes Haraquiri”. Después de ser aprobada, como la propia Ley establecía, fue sometida a referéndum el 15 de diciembre de 1976. La oposición se mostraba favorable a la abstención (aunque no pudo manifestar libremente du opinión), y la extrema derecha era contraria. En la votación participó el 77 % del censo, votando afirmativamente el 94 %. El gobierno había obtenido un gran éxito, aunque el referéndum no había reunido todos los requisitos democráticos. Comenzaba de este modo la voladura controlada del régimen.

Complementarias con esta ley fueron otras medidas como: la regulación del derecho de huelga, concesión de un nuevo indulto para presos políticos, legalización de las centrales sindicales y disolución del Movimiento Nacional.

2,30 minutos de la serie de la Historia de España de la tele.
reportaje de la tele 3 minutos… ministro de justicia Landelino Lavilla

8 minutos, reportaje de la tele la 6 columna, de la reforma hasta la legalización del PC

1.3.                           LAS PRIMERAS ELECCIONES DEMOCRÁTICAS

La Ley para la Reforma Política establecía las bases jurídico-políticas para desmantelar el franquismo. Ahora el objetivo era construir un sistema democrático al tiempo que se liquidaba el viejo régimen.
El gobierno había salido reforzado del referéndum, pero en un ambiente muy hostil. Así, buscó un pacto con la oposición. El 23 de diciembre de 1976 se abrió oficialmente el diálogo entre ambas partes. La oposición aceptaba la reforma y renunciaba a la ruptura democrática. Esta confluencia desembocó en una política de consenso para evitar tensiones. Sin embargo, la transición estaba amenazada por las acciones terroristas de la ultraderecha y extrema izquierda, junto a las acciones de ETA y  GRAPO[8].

Para llevar a cabo las elecciones convocadas para el 15 de junio de 1977 había que avanzar en la normalidad democrática. En este sentido las acciones más importantes son:

-        La supresión del Tribunal de Orden Público (TOP), que estaba destinado a la represión política.
-                      Concesión de una nueva amnistía, que afectaba sobre todo a presos de ETA.
-        Nueva normativa electoral. Las listas al Congreso deben ser completas, bloqueadas y cerradas. La elección se hace por criterios de proporcionalidad corregidos por la Ley D´Hont[9]. Sin embargo, para el Senado las candidaturas son individuales (elaboradas por los partidos) y son elegidos por criterios de representación mayoritaria.
-        La legalización de los partidos políticos. Con la ley del 8 de febrero de 1977 quedan legalizados todos los partidos menos el PCE. La oposición llevaba presionando para conseguir la legalización de los partidos de izquierda. En diciembre de 1976, el PSOE llevó a cabo su XXVII Congreso en Madrid, con la presencia de muchos líderes europeos (Willy Brandt, Olof Palme, François Mitterrand), que confirmó a Felipe González como líder del grupo. El PCE, por su parte, celebró el 10 de diciembre una conferencia clandestina en Madrid, con la presencia de su secretario general Santiago Carrillo. Con esta conferencia se pretendía presionar para la legalización del PCE y se insistía en la necesidad de la reconciliación de todos los españoles. La legalización del PCE se produce, después de intensas conversaciones entre Suárez y Carrillo el 9 de abril de 1977 (Semana Santa) (produjo enorme crispación en las Fuerzas Armadas). A cambio de su legalización el PCE aceptaba: la monarquía como forma de gobierno, la bandera bicolor, la unidad de España y la democracia. Todos cedían algo de sus principios buscando la reconciliación, la paz y la democracia.

https://www.youtube.com/watch?v=riDjnQ9AIvg   (2 minutos, con el mensaje de radio).

Con el anuncio de las elecciones se aceleró el proceso de creación de formaciones políticas (111) dando lugar a una gran sopa de letras[10]. Paralelamente a este proceso, se producía la vuelta de muchos exiliados como: Alberti, Pasionaria, Federica Monstseny, Tarradellas, etc.

Con la finalidad de obtener mejores resultados en las elecciones, muchos grupos se unieron según afinidades ideológicas. Las fuerzas de centro formaron la coalición Unión de Centro Democrático (UCD), liderada por Adolfo Suárez. Los socialistas se presentaron divididos destacando el PSOE, dirigido por Felipe González, y el Partido Socialista Popular (PSP), dirigido por Tierno Galván. El PCE se presentó en solitario.
           
            La campaña electoral es muy intensa, y Adolfo Suárez, se presenta como un buen gestor, aglutinando a los grupos y personalidades de centro y moderadas.  Su discurso del 13-6-77[11], con el “puedo prometer y prometo”, fue muy efectivo y consigue la victoria en las elecciones. Se presentó con el discurso como cumplidor de las promesas hechas y expone las ideas básicas de gobierno partiendo de la idea de moderación y búsqueda de consenso.

En los resultados de las elecciones del 15 de junio de 1977 salieron reforzados los grandes partidos y ganó la moderación y el centro: UCD ganó con una mayoría relativa (165), PSOE (118), a mayor distancia se situaron el PCE (20), y AP (Alianza Popular) (16), y el PSP de Tierno Galván (6); dentro de las fuerzas nacionalistas tuvieron importancia los 8 diputados del PNV de X. Arzallus y los 11 del PDC de J. Pujol. La UCD no había conseguido mayoría absoluta y quedaba a expensas de futuros pactos para poder sacar adelante las leyes.

campaña electoral, intervención final de políticos y de Adolfo Suarez


6 minutos sobre la campaña y los resultados y apertura del Parlamento








1.4.                         LA LABOR DE LAS CORTES CONSTITUYENTES: LA CONSTITUCIÓN DE 1978

 HEB12.2.1. Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978 y sus características esenciales.

El 22 de julio de 1977 el Rey presidió la apertura de las Cortes que comienzan a elaborar una Constitución. Una ponencia del Congreso[12] comenzó la redacción de la Constitución. La elaboración de la constitución respondía, por primera vez en la historia de España, a una negociación entre los más importantes partidos políticos, y fruto de un gran pacto nacional entre ellos.
Después de una compleja y dilatada tramitación (1.133 enmiendas), el 31 de octubre de 1978 el Congreso y el Senado aprobaron por mayoría absoluta el texto constitucional (votaron en contra los diputados de extrema derecha y el PNV se abstuvo). El pueblo español también la aprobó en referéndum el 6 de diciembre de 1978 (67% de participación y 88% de votos afirmativos).

LA CONSTITUCIÓN DE 1978


Los principios más destacados son:
-          España se define como un Estado social y democrático de derecho, lo que significa que todo individuo y organismo está subordinado, en su actuación, al ordenamiento jurídico. El calificativo democrático implica la participación ciudadana y el reconocimiento de la soberanía popular (Art. 1.2.). El aspecto social hace referencia a los principios rectores que debe tener la ley.
-          La forma política de España es la monarquía parlamentaria.
-          España es un Estado unitario que garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades, dando lugar al Estado de las Autonomías.
-          El castellano y las demás lenguas españolas son oficiales en las comunidades autónomas.
-          Queda reconocido el pluralismo político y sindical. 

Derechos, deberes y libertades: Enumeración muy detallada de los derechos individuales: igualdad ante la ley, objeción de conciencia, libertad de reunión y asociación, derecho al sufragio, a la vida (abolición de la pena de muerte, salvo tribunales militares en tiempos de guerra) etc. En la Constitución se establecen unos mecanismos para garantizar estos derechos, que solo pueden ser suspendidos en caso de excepción o sitio, los más importantes son recurribles ante el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.
Entre los deberes destacan, la defensa de la patria y la contribución al gasto público.
Además de estos derechos y deberes están recogidos en la Constitución una serie de principios rectores de la política económica e social entre los que destacan:
-          la protección a la familia; a la tercera edad (pensiones y servicios sociales adecuados); a la salud; al deporte, vivienda, medio ambiente, etc.

- División de poderes:

-          Poder legislativo: Las Cortes: formadas por dos cámaras (Congreso y Senado) que representan el pueblo español; órgano supremo de la soberanía popular. Ejercen la potestad legislativa del Estado. Su mandato es por cuatro anos. La circunscripción electoral es la provincia. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados. Ceuta e Melilla están representadas por un diputado cada una. El Senado es la cámara de representación territorial. Cada provincia elige cuatro senadores. Las Comunidades autónomas designan un senador por cada millón de habitantes de su territorio que elige la Asamblea legislativa de la comunidad autónoma. Cada Cámara elabora su reglamento y elige sus presidentes. La función legislativa es una de las funciones más importantes, así como la de ejercer el control sobre el poder ejecutivo y aprobar los presupuestos.

-          Poder ejecutivo, en manos del Gobierno que dirige la política interior y exterior. Está formado por el Presidente, Vicepresidentes y los Ministros. Después de las elecciones el Rey propone al Congreso un candidato a Presidente. El candidato expone ante el Congreso su programa (voto de investidura) que será aprobado por mayoría absoluta o simple, siendo a continuación nombrado presidente por l Rey. Si ningún candidato obtuviese la confianza en un plazo de dos meses, el Rey disolverá las Cámaras y convocará nuevas elecciones. Los demás miembros del gobierno son nombrados por el Rey a propuesta de su Presidente.

-          Poder judicial: está en manos de los jueces y de los tribunales de justicia. La justicia emana del pueblo y se administra, en nombre del Rey, por jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y solo sometidos al imperio de la ley. La justicia es gratuita para los que carezcan de recursos. Su órgano máximo de gobierno es el Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior (menos en garantías constitucionales). El pueblo participará en la administración de justicia a través del jurado. El Tribunal Constitucional entiende de los temas de inconstitucionalidad y de la violación de los derechos y libertades de los ciudadanos.

-          La corona: El Rey es el jefe del Estado, tiene una serie de funciones reguladas por la Constitución: sanciona y promulga las leyes; convoca y disuelve las Cortes; convoca elecciones; propone jefe de gobierno, nombra ministros; ejerce el mando supremo del ejército; declara la guerra y acuerda la paz, previa autorización de las Cortes. Como corresponde a una monarquía parlamentaria, las funciones son representativas: es un rey que reina, pero no gobierna. 
-          Las Comunidades Autónomas: En la constitución se establece el modelo del Estado de las Autonomías, una forma mixta entre estado unitario y federal. Cada una de las 17 CC.AA. posee sus propios órganos de gobierno con la capacidad legislativa que le conceden sus Estatutos de Autonomía.

En lo referente a la Religión: ninguna religión tendrá carácter estatal.

A modo de conclusión podemos destacar las siguientes características de la Constitución de 1978:

-  Presenta una estructura tradicional: está organizada en dos partes: una parte dogmática (Titulo Preliminar y Título I), que recoge los grandes principios y definiciones que deben inspirar al Estado y los derechos fundamentales y una parte orgánica que recoge la organización del estado, la división de poderes, la organización territorial y las competencias.
-  Es poco original. Es una mezcla de constituciones españolas y extranjeras.
-  Es extensa: la mayor de todas y la segunda en número de artículos.
-  Es rígida, ya que los mecanismos de reforma son complejos (3/5 de las Cámaras y referéndum popular).
-  Es ambigua y ecléctica, redactada de una forma que permite distintas interpretaciones. Para unos es un inconveniente, pero para otros es una virtud ya que permite gobernar sin necesidad de reformarla.
-  Es progresista y democrática.
-  Es fruto del consenso. Fue el resultado del acuerdo entre los diversos partidos políticos con proyectos distintos e incluso antagónicos.


 HEB12.2.2. Describe como se establecieron las preautonomías de Cataluña y el País Vasco.

Con la llegada de la transición de nuevo cobran fuerza los nacionalismos y regionalismos periféricos, estableciendo y consolidando la Constitución de 1978, un modelo autonómico, a medio camino entre el modelo centralista y federal, pero teniendo las CCAA unos techos competenciales como nunca han tenido y como tienen pocas regiones en el mundo. La Constitución del 78 quiso dar satisfacción a las reivindicaciones de las nacionalidades históricas, por un lado, y, por otro, sustituir el estado liberal centralista impuesto en el siglo XIX, por otro más descentralizado.

            El Gobierno de Adolfo Suárez no quiso abordar la concesión de autonomía para el País Vasco y Cataluña antes de la aprobación de la Constitución, por lo que propuso unos regímenes preautonómicos para toda España, a fin de asentar el futuro Estado autonómico, recibiendo ya la transferencia de algunas competencias.

            En Cataluña, tras el éxito de la Diada en Cataluña el 11 de septiembre de 1977, Suárez pactó con el líder nacionalista Josep Tarradellas su vuelta del exilio (era presidente de la Generalitat en el exilio desde 1954) y el restablecimiento provisional de la Generalitat. Por el Real Decreto-Ley 41/1977, de 29 de septiembre, quedaba restablecida y Tarradellas se convertía así en el primer presidente de la nueva Generalitat, el 17 de octubre del 77 (discurso desde el balcón del palacio de la Generalitat: «Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!»), a la vez que se elaboraba un proyecto de Estatuto de Autonomía.
            En el País Vasco, los obstáculos fueron mucho mayores por la existencia de la banda terrorista ETA y un sector independentistas más radical y violento. Sin embargo, eso no impidió que se aprobara en enero de 1978 el Consejo General Vasco, por Real Decreto-ley 1/1978, de 4 de enero, y se elaborara el proyecto de Estatuto. El primer presidente del Consejo fue el socialista Ramón Ruibal. El segundo Consejo General Vasco se constituyó en junio de 1979, siendo su presidente Carlos Garaikoetxea, del Partido Nacionalista Vasco.

1 minuto del discurso de Tarradellas en el balcón. Está en catalán.

EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS
           
Desde el inicio de la Transición se puso de manifiesto que la reivindicación nacionalista y la descentralización del estado era uno de los problemas que había que atender. Los nacionalismos históricos tenían un gran peso y los nacionalismos no históricos reivindicaban una forma de acceso a la autonomía y un techo competencial similar a las nacionalidades históricas. Era lo que se llamaba "café para todos". Los vascos y los catalanes se negaban a ello, pues entendían que no se les reconocía su hecho diferencial y que era una forma de diluir sus reivindicaciones históricas. En este sentido, especialmente graves fueron los problemas políticos surgidos con Valencia y Andalucía que querían acceder a la autonomía por la vía del art. 151.
            Otro problema surgido fue el de algunas provincias que no encontraban acomodos en Comunidades próximas. Se resolvió creando comunidades autónomas uniprovinciales como es el caso de Madrid, la Rioja o Murcia.
            La Constitución del 78 establece una división territorial de España en municipios, provincias y comunidades autónomas.  Para la consecución de la Comunidad Autónoma hay que cumplir una serie de requisitos, que se complementan con la realización del Estatuto y la aprobación por referéndum y la convocatoria de elecciones regionales para elegir parlamento y de este emanará el ejecutivo autónomo.
            A nivel general, la Constitución establece la división de competencias entre la administración central y autonómica, pero no profundiza en ella. Al igual, que tampoco profundiza en el establecimiento de dos vías para el acceso a la autonomía. La vía lenta, la del artículo 143, y la vía rápida, la del artículo 151, que en un principio estaba reservada para las nacionalidades históricas (aquellas que basan su nacionalismo en reivindicaciones históricas y culturales). En este punto la comunidad de Andalucía promovió una sería de protestas contra el gobierno central y consiguió que se permitiese un referéndum (28 de febrero de 1980) para que se pudiera optar por la vía rápida. El referéndum fue ganado y Andalucía se sumó al 151.  En el caso de Valencia, se intentó acceder por el 151 pero el gobierno central, pese a las peticiones de los parlamentarios valencianos, optó por la vía del 143. Finalmente se aprobó por Ley Orgánica el 1 de julio de 1982, pero con una peculiaridad, se aceptaba el artículo 143, pero se asumían competencias plenas otorgadas por el artículo 151, para ello el gobierno central aprobó inmediatamente después una ley la LOTRAVA (Ley Orgánica de Transferencias a la Comunidad Valenciana) que transfería competencias que solo se hubieran podido asumir por la vía de las comunidades históricas.
            Con estas dos vías se pretendía establecer una España autonómica de distintas velocidades, que compatibilizaran las reivindicaciones de los nacionalismos históricos y la descentralización del modelo liberal centralista creado en el siglo XIX.
            Aprobado los estatutos y elegidos los parlamentos y los ejecutivos autonómicos aparecían las disputas entre estos y el gobierno central en torno a las negociaciones sobre la cesión de competencias. El conflicto se agravaba en el caso de que los colores políticos de los dos ejecutivos fueran distintos.

Cerrado el mapa autonómico, al margen del problema de ETA, se extendió entre la mayoría de los nacionalismos y regionalismo un sentimiento de agravio comparativo con respecto al País Vasco y sobre todo Cataluña. Esta situación se agravó de 1993 a 2.000 cuando tanto el PSOE como PP necesitaron los votos de CiU para gobernar en Madrid.
           

EL CASO GALLEGO. DESARROLLO AUTONÓMICO Y ESTATUTO DE AUTONOMÍA

            En Galicia, desde el inicio de la transición, las fuerzas políticas gallegas iniciaron su reorganización y comenzaron a dar los pasos para la elaboración y aprobación del Estatuto de Autonomía. Como comunidad histórica, junto con el País Vasco y Cataluña, pudo acceder, como establece el art. 151 de la Constitución a la consecución de la Autonomía por la “vía rápida”. El proceso fue lento, indecisiones y obstáculos del Gobierno, y el pueblo tuvo que manifestarse para exigir su aceleración.

En cuanto a las fuerzas políticas, en 1976, las de derechas se reorganizaron en torno a UCD o a Alianza Popular; las de izquierda de ámbito estatal y las gallegas se integraron en la Platajunta y las nacionalistas (Consello de Forzas Nacionalistas Galegas: formado por la Unión do Povo Galego –UPG-  y Partido Socialista Galego) también se integraron en la Platajunta. En octubre de 1976 la UPG abandonó el Consello, y después al unirse con la ANPG formó el BN-PG.

Durante el proceso preauntonómico la transición estuvo en manos de políticos vinculados con el régimen franquistas que adoptaron la postura reformista, entre ellos destacó Antonio Rosón Pérez (procurador en las Cortes franquistas), que en la visita de los Reyes a Galicia en julio de 1976 solicitó la autonomía para Galicia.

El paso siguiente fue la constitución en Santiago de la Asamblea de Parlamentarios de Galicia, presidida por Rosón, que elaboró el proyecto de preautonomía, presentado al Gobierno el 27 de octubre de 77. El proceso era lento. Ese texto fue negociado con representantes de gobierno y acabó plasmándose en el Real Decreto Ley 7/1978 de 16 de marzo por el que se instituye la Xunta de Galicia, como órgano provisional de Galicia, que actuará mientras perdure la fase preautonómica y no se apruebe la constitución y el subsiguiente Estatuto de Autonomía. El acto de constitución oficial de la Xunta preautonómica se celebró en el Pazo de Xelmirez en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela el día 18 de abril de 1978.

El 16 de marzo de 1978 se creaba la Xunta Preautonómica, que solicitó ayuda para la redacción de un Anteproyecto de Estatuto; después la Asamblea de Parlamentarios nombró una comisión que redactó el texto definitivo del Estatuto. La Constitución de 1978 incluía a Galicia entre las comunidades históricas y por lo tanto podía acceder por la vía rápida que establecía el art. 151 y acceder a un mayor techo competencial.
El gobierno central intentó durante unos meses que el nivel de competencias para el estatuto no fuese muy elevado, en la idea de que quedase limitado a una simple descentralización administrativa, pero sin alcanzar las demandas de Cataluña o el País Vasco. Pero los parlamentarios no aceptaron esa situación. El 29 de septiembre de 1980 representantes de UCD, PSOE, AP, PCG y PG firmaron en Santiago el llamado Pacto del Hostal, por el que Galicia tendría una autonomía comparable a la de Cataluña.
            Fue aprobado por la Asamblea el 25 de junio del 79. Sometido a votación (el BN-PG pedía el No y el Partido Obreiro Galego la abstención) fue aprobado el Estatuto de Autonomía el 21.12.80 y ratificado por las Cortes el 17-2-1981. Promulgado mediante la Ley Orgánica de 6 de abril de 1981.
            El poder ejecutivo reside en la Xunta de Galicia.
            Poder legislativo en un Parlamento de 75 miembros, con capacidad legislativa en las materias que son recogidas en el estatuto.
            Sistema judicial propio que culmina en el Tribunal de Xustiza de Galicia.
            Cooficialidad del idioma gallego y castellano.
            Institucionalización de símbolos y efemérides (himno, bandera, Día da Patria…)
            Obligación de promover la cultura propia.
            Autonomía financiera.
            Competencias en materias de educación, cultura, patrimonio, pesca, sanidad, agricultura...

            Primeras elecciones el 20 de octubre de 1981. En las diferentes elecciones triunfó siempre la derecha (Alianza Popular, Coalición Popular y Partido Popular). Solo en 1987, después de una moción de censura al Presidente Xerardo Fernández Albor, dirigió la Comunidad el socialista González Laxe (gobierno tripartito de PsdeG-PSOE, Coalición Galega e PSG-EG). 







2.                  LOS GOBIERNOS DE UCD: 1977-1982

De 1977 a 1982 va a estar en el gobierno la UCD liderada por Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo (febrero de 1981 a octubre de 1982).

2.1.      LOS GOBIERNOS DE ADOLFO SUÁREZ. 1977-1981

      Adolfo Suárez desenvolvió un programa de gobierno centrado en la democratización de la vida española, iniciándose la puesta en marcha de los principios constitucionales. Entre las principales medidas destacan:
-                La reforma del Ejército y de la legislación militar para adaptarlo al nuevo marco constitucional. En esta labor contó con el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado que desempeñó la Vicepresidencia del Gobierno y el Ministerio de Defensa. Los mandos fueron ocupados por personas más jóvenes y preparadas, aumentó el presupuesto, fue modernizado; pero aun mantuvo un núcleo importante de nostálgicos del régimen franquista que será protagonista de los rumores golpistas y del intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981.
-                Los Pactos de la Moncloa. Acuerdo firmado durante la etapa constituyente que manifiesta el espíritu de consenso. En él los agentes sociales se comprometían a establecer una estrategia común para lograr la estabilidad del país mediante la consolidación de la democracia, reducir la conflictividad social y adoptar medidas para abordar la crisis económica (crisis que venía desde 1974). De este modo se logró reducir la inflación (del 40% al 16% anual), equilibrar la balanza de pagos y normalizar la vida sindical. (ver conceptos)
-                Inicios de la Reforma Fiscal. Impulsada por Francisco Fernández Ordóñez con la introducción de un nuevo sistema impositivo sobre las personas físicas y su patrimonio (IRPF).
-                Proyección exterior e integración en Europa: reinicio de las gestiones para entrar en la CEE.
-                Desarrollo del proceso autonómico. De 1978 a 1983 el Estado español quedó organizado en 17 CC.AA. regidas por sus Estatutos de Autonomía.

 HEB12.1.4. Explica las causas y los objetivos de los Pactos de la Moncloa. (ver concepto)

      España desde 1977 está sumida en una profunda crisis económica derivada de la crisis del petróleo de 1973. La inflación llegó a alcanzar el 47 %, el paro aumentaba constantemente (sobre un millón de parados y solo 300.000 cobran desempleo), empresas en crisis por falta de renovación tecnológica, falta de competitividad en el exterior, aumento del déficit de la balanza de pagos…
      En esa situación el gobierno mantuvo conversaciones con las demás fuerzas políticas y con los sindicatos (agentes sociales, patronal) para llegar a unos acuerdos para afrontar esa profunda crisis.  
Al mismo tiempo, Suárez encargó al Ministro de Economía y Hacienda, Enrique Fuentes Quintana, que tratase la posibilidad de un acuerdo marco con los nuevos sindicatos legalizados. Así se llegó a la firma de los llamados Pactos de la Moncloa el 25 de octubre de 1977, aprobados por el Parlamento el día 27. Los pactos eran: Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía y Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política.
      Sus dos objetivos básicos fueron reducir la inflación (situarla en el 14 % en tres años) y poner en práctica un conjunto de reformas para repartir equitativamente los costes de la crisis. Sus principales actuaciones fueron el control del gasto público, devaluación de la peseta, fiscalidad progresista; nuevas relaciones laborales, se reconoce el despido libre para un 5 % de la plantilla de las empresas y aumento de salarios con respecto a la inflación (máximo el 22%). En el campo político, se suprimía la censura previa, se aprobaban los derechos de asociación, reunión y expresión mediante la propaganda, se crea el delito de tortura, se derogó la estructura del Movimiento Nacional, se despenalizaban los delitos de adulterio y amancebamiento, se devolvía el patrimonio incautado durante la dictadura a las centrales sindicales, se establecían medidas de control y potenciación de la Seguridad Social (ampliación de las coberturas de desempleo…), etc. También contenía directrices sobre la actuación en política educativa (democratización, gratuidad, incorporación de lenguas…), en urbanismo, suelo y vivienda (aumento en la construcción); en política agrícola, pesquera y comercio; en política energética para diversificar las fuentes de energía y los países a los que se compra, etc.
Estaba claro que era imprescindible controlar la crisis económica para poder avanzar hacia la democracia y establecer un consenso en las grandes directrices de la política económica y social.
Estos Pactos han quedado como ejemplo de responsabilidad y colaboración de todas las fuerzas políticas[13] en momentos de crisis.

 es un minuto de la seria de la tele de Historia de España

del telediario, un minuto y habla un poco Adolfo S. y con otros anuncios de cambio social



2.2. LAS DIFICULTADES DE LOS GOBIERNOS DE SUÁREZ
       
      Después de aprobada la Constitución se celebraron elecciones el 1 de marzo de 1979, que tuvieron unos resultados semejantes a los del 77. No supusieron un reforzamiento de la UCD, como pensaba Suárez, ni un triunfo de la alternativa socialista. También fueron convocadas elecciones municipales para el 3 de abril, consiguiendo el PSOE un triunfo en los núcleos urbanos. Pero otro acontecimiento que se había producido fue la fuerte abstención del electorado; se estaba incubando el fenómeno del desencanto político.
      Suárez comenzaba a tener problemas para gobernar y al no tener mayoría absoluta tenía que ir pactando para sacar adelante las distintas leyes orgánicas que desarrollaban la Constitución. Eran momentos de tensión y de gran éxito, como fue la aprobación consensuada de los Estatutos de Cataluña y del País Vasco, y de gran desgaste, como fue el desarrollar el proceso autonómico a través del artículo 143 (vía lenta). Su posición se erosionaba no solo en el Parlamento.
Dentro de su partido se hacían más fuertes las diferencias ideológicas y los personalismos que finalmente llevarían a la UCD a su desintegración en 1983.
Por su parte ETA seguía con los atentados terroristas (ahora más numerosos que durante el régimen de Franco) a los que se añadían los realizados por la ultraderecha.
Por otra parte, el principal partido de la oposición, el PSOE, llevó a cabo una serie de cambios para presentarse como una alternativa viable. Cambios en la organización y dirección que lo convierten en un partido muy centralizado y cohesionado con gran disciplina. En lo que respecta a la estrategia política, a partir de mayo de 1980, abandonan la política de consenso, y presentan una moción de censura al gobierno, que fracasa pero que potenció la figura de Felipe González y erosionó definitivamente la de Adolfo Suárez.
Finalmente, a estas dificultades políticas hay que añadir las económicas y la presión de los militares (romper la unidad de España con las Autonomías y no parar el terrorismo) que llevan a la dimisión de Suárez el 29 de enero de 1981.   
           

2.3. EL GOBIERNO DE LEOPOLDO CALVO SOTELO. 1981-1982

            El candidato propuesto para la presidencia del gobierno fue Calvo Sotelo. Al no tener la UCD la mayoría absoluta fue necesaria una segunda votación. El 23 de febrero de 1981 cuando se estaba celebrando la votación se produjo el intento de golpe de estado (23-F). El teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, que ya había participado en otras intentonas golpistas, al mando de unos cuatrocientos guardias asaltó el Congreso y mantuvo como rehenes al gobierno y a los parlamentarios, mientras se anunciaba la llegada de una autoridad (hablaban del Rey) que se pondría al mando. El resto de capitanías generales y regiones militares mantuvo la legalidad, menos el general Miláns del Bosch en Valencia, que sacó los tanques a la calle exigiendo la rendición de la población. La actuación del Rey fue clave para la resolución del conflicto. Desde el palacio de la Zarzuela convocó la Junta de Jefes de Estado Mayor, contactó con las capitanías, exigiendo el respeto a la Constitución y su lealtad, y emitió un mensaje por la televisión en la que confirmaba que había ordenado mantener el orden constitucional vigente y que no toleraba la interrupción por la fuerza del proceso democrático. Tras el mensaje del Rey la situación queda controlada y en la mañana siguiente se produce la rendición de los sublevados.

            El día 25 de febrero inicia Calvo Sotelo su gobierno durante el que se lleva a cabo la aprobación de leyes muy importantes como: la ley del Divorcio, la Ley del defensor del Pueblo, y la LOAPA (ley que obligaba a las comunidades autónomas no históricas a desarrollar su estatuto de Autonomía por el artículo 143 (vía lenta)). También se produce en junio de 1982 la entrada de España en la OTAN.
            El gobierno de Calvo Sotelo fue ganando cada vez una oposición mayor, sobre todo con la LOAPA y la entrada en la OTAN. A eso se une el proceso de descomposición de la UCD tras la salida de Adolfo Suárez. En ese contexto se produce la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones para el 28 de octubre de 1982.
            El resultado de esas elecciones fue el aplastante triunfo del PSOE (48%), y la casi desaparición de la UCD (7%). La coalición de derechas AP-PDP quedó en segundo lugar, pero muy lejos (106 deputados), y los partidos nacionalistas se mantuvieron. El PCE llevó un gran descalabro.
            El triunfo socialista en estas elecciones cerraba la etapa de la transición democrática. La mayoría de la población apostaba por el cambio ofertado por los socialistas. Se inauguraba el periodo de la consolidación democrática.



3.                  LOS GOBIERNOS DEL PSOE: 1982-1996

3.1.                        LA LLEGADA AL PODER

      Desde el congreso de 1979, en el que el PSOE había abandonado el marxismo, el partido se fue abriendo a otras corrientes de pensamiento progresista al tiempo que adquiría una gran disciplina, con el objetivo de alcanzar el poder.
      Para las elecciones de 1982 elaboró un programa electoral que proponía numerosas reformas, pero sin cuestionar l modelo de sociedad occidental. Se benefició de ser una fuerza bien cohesionada frente a la imagen de disgregación de UCD y PCE.
      La victoria en las elecciones de 1982 fue espectacular, casi un 49 % de los votos y más de 10 millones de votos. Este éxito fue reforzado en las elecciones municipales y autonómicas de 1983. La gente se había decantado por la política del cambio que protagonizaban los socialistas.

      El 3 de diciembre de 1982 Felipe González constituyó el primer gobierno enteramente socialista de la historia de España. Fue un gobierno que se caracterizó por la moderación política en la línea de la socialdemocracia europea.

3.2.      LA ECONOMÍA

      En el aspecto económico lo primero fue hacer una política de “ajuste”. El ministro de Economía, Miguel Boyer propuso sanear la economía: control de precios, del paro (800.000 puestos de trabajo fue una oferta electoral), reducción del déficit exterior y del déficit público. Al mismo tiempo se llevó cabo un proceso de reconversión industrial (naval y siderúrgico) que ya iniciaran los gobiernos de UCD (se vieron afectados unas 800 empresas y 83.000 trabajadores). Para reducir el paro en el campo se potenció el PER (Plan de Empleo Rural); para intentar industrializar las zonas deprimidas se diseñaron las ZUR (Zonas de Urgente Industrialización). Otro aspecto destacado de esta primera gestión fue la expropiación del holding de RUMASA, dirigido por José María Ruíz Mateos, debido a las irregularidades de la empresa.
      De 1985 a 1990 se produjo una etapa de crecimiento económico superior a la media europea. Creció la producción industrial, los beneficios de las empresas, las inversiones extranjeras y el turismo. Pero también se produjeron efectos negativos: aumento de precios, inflación, menor crecimiento de los salarios, liberalización del mercado de trabajo, etc. Estos elementos llevaron al gobierno de Felipe González al enfrentamiento con los sindicatos (en 1985 dimite como diputado Nicolás Redondo, secretario general de la UGT); el 14 de diciembre de 1988 fue convocada la primera huelga general contra el gobierno socialista.
      De 1990 a 1993 se produce una recesión en la economía: aumenta el desempleo, el déficit del Estado, se devalúa la peseta. Esta situación se complica con la firma del Tratado de Maastrich en 1992 que imponía unas condiciones económicas duras para llegar a la moneda única. Lo característico de esta etapa fue la liberalización en la economía: eliminación de monopolios (Telefónica, CAMPSA, Tabacalera), reducción del INI (desparece en 1995), política de privatización de empresas con capital público (SEAT, Endesa, Iberia), la concentración y fusión bancaria (Bilbao-Vizcaya, Hispanoamericano-Central).
      De 1993 a 1996 se lleva a cabo una nueva reactivación de la economía: control y rigor en los presupuestos, modernización económica, reforma del sistema impositivo (IVA) y generalización del impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF).  

3.2.            LOS ASPECTOS SOCIALES Y CULTURALES. EL ESTADO DE BIENESTAR
     
      Los socialistas emprendieron una serie de reformas para expandir el estado de bienestar:

-                Impulsaron una legislación sobre derechos y libertades: objeción de conciencia, asistencia legal, Hábeas Corpus, situación de la mujer, inmigrantes, despenalización del aborto (violación, malformación y riesgo para la madre), nuevo Código Penal (1995) para dar respuesta a los nuevos delitos (blanqueo de dinero, acoso sexual, medio ambiente...).
-                Reforma de las Fuerzas Armadas: reducción del ejército, modernización, incorporación a Europa y a la OTAN y participación en acciones fuera de España (Guerra Golfo Pérsico, 1991; Bosnia, 1992; Euroejército, 1993).
-                Ley General de Sanidad que avanzaba hacia la cobertura universal. Endurecimiento de los requisitos para cobrar pensiones.
-                Ley de Reforma Universitaria (LRU, de 1983).
-                Ley Orgánica do derecho a la educación (LODE, 1985).
-                Ley orgánica general del sistema educativo (LOXSE, 1990).

Durante estos años la sociedad española fue mudando: más plural, igualitaria, preparada, secularizada, desmilitarizada...

3.4.      LA POLÍTICA EXTERIOR
           
Los gobiernos socialistas consolidaron la presencia española en los organismos internacionales y acabaron definitivamente con la etapa de aislamiento.
El primer paso fue el abandono por los socialistas de sus postulados antiimperialistas y neutralistas y promovieron una política internacional que establecía como objetivos prioritarios la CEE y la OTAN y los contactos con Iberoamérica y el Mediterráneo.
Sobre la OTAN: la posición socialista cambió a un “OTAN, de entrada no”: de la posición contraria y anuncio de retirada si ganaba las elecciones de 1982, a una política de permanencia. Así, en 1986 fue planteado un referéndum sobre la permanencia en la OTAN, haciendo la campaña a favor del Sí: “En interés de España, vota Si”. El referéndum se saldó con una participación del 60%, y con un 52,5 % de los votos afirmativos.
Sobre la CEE: España llevaba negociando años y desde 1977 la situación estaba estancada. Para salir de esa situación el ministro Fernando Morán comenzó una política de acercamiento a Francia, Alemania y diálogo con el Reino Unido. De ese modo las negociaciones se agilizaron y el 12 de junio de 1985 España firmó el Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea. El 1 de enero de 1986 España formaba parte de la “Europa de los doce”.
Sobre Iberoamérica, se potenciaron las relaciones culturales y los intercambios económicos. También fueron defendidos frente a los gobiernos europeos y a los EE.UU.
Sobre el Mediterráneo: se intentó llevar a cabo una política de estabilidad en el norte de África (buenas relaciones con Marruecos y Argelia). En el conflicto árabe-israelí: España recoció a Israel en 1986 y al tiempo se elevó a la categoría de embajada la representación de la OLP (Organización para la Liberación de Palestina, liderada por Yasser Arafat). Intentos de mediación en el conflicto: Conferencia de Paz para Oriente Medio en Madrid en 1991: firma de acuerdos de paz y retirada de Israel de los territorios ocupados, restablecimiento de la Autoridad Palestina.  
 
      Fruto de toda esta labor fue el reconocido prestigio internacional que fue alcanzando España y que llevó a que varios organismos internacionales fuesen dirigidos por españoles: UNESCO, Federico Mayor Zaragoza; Parlamento Europeo, Gil Robles (hijo); OTAN, Javier Solana.

3.5. DECLIVE SOCIALISTA (1993-1996)

      En las elecciones del 6 de junio de 1993 el PSOE, pese a creerse lo contrario, fue la fuerza más votada con 159 diputados, seguido del PP con 141. Felipe González fue de nuevo investido presidente, ahora con el apoyo de CIU, PNV y Coalición Canaria. Fue un gobierno débil, que contó con el apoyo de CIU a cambio de la cesión del 15 % del IRPF a las Comunidades Autónomas (pero los catalanes no entraron en el gobierno).
      Los esfuerzos del PSOE se centraron en la lucha contra la crisis económica y en lograr la entrada en la zona euro (fuerte ajuste y control presupuestario, liberalización del mercado del trabajo). Esta política los llevó a un fuerte desgaste que se vio empeorado por los escándalos y desprestigios que salpicaron al PSOE:
-                El caso Juan Guerra, hermano de Alfonso Guerra, vicepresidente del gobierno (dimitió en 1991 por las presiones), acusado de aprovecharse del puesto del hermano.
-                El caso Luis Roldán, director general de la Guardia Civil, acusado de malversación. Fugado y después capturado
-                El caso Filesa, sobre la financiación irregular del PSOE.
-                El caso Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, acusado de cobro de comisiones.
-                Estafas y fraudes de Mario Conde y Javier de la Rosa, banqueros y financieros que gozaron del favor del gobierno en sus actividades.
-                El caso GAL (Grupos Armados de Liberación), que actuaban contra ETA con apoyo desde el gobierno.
-                El caso de los papeles del CESID (Centro Superior de Investigación para la Defensa).

Estos casos rematan en el encarcelamiento de varios dirigentes socialistas (Barrionuevo, ministro do Interior) que agudiza la crítica situación por la que pasa el PSOE.
En este contexto la vida política se crispó enormemente con una durísima oposición hecha por el PP dirigido por José María Aznar. El escándalo de las escuchas ilegales del CESID hizo que CIU le retirase el apoyo al gobierno; así, los presupuestos para 1996 no fueron aprobados; la situación era tan difícil que Felipe González decide adelantar las elecciones para marzo de 1996.
En las elecciones del 3 de marzo de 1996, el PP tuvo 156 deputados mientras el PSOE caía a 141 deputados: fue una amarga victoria para el PP (los sondeos daban una mayoría más amplia) y una dulce derrota para el PSOE (se temía una fuerte caída).


HEB12.3.2. Comenta los hechos más destacables del proceso de integración en Europa y las consecuencias para España de esta integración.

España había sido excluida durante la dictadura franquista. España únicamente había conseguido un acuerdo preferencial con la CEE desde 1970 (“Acuerdo Comercial Preferencial”).

En 1977, establecida ya la democracia en España, el gobierno de Adolfo Suárez solicitó la adhesión de España a la CEE. Un año después la Comisión Europea dio su aprobación a las negociaciones que se iniciaron en 1979, al mismo tiempo que lo hacía Portugal. Las negociaciones fueron largas y complicadas; algunos países europeos pusieron condiciones: Gran Bretaña pedía la apertura de la frontera con Gibraltar y Alemania la integración también en la OTAN.
En la OTAN se entra durante el gobierno de Calvo Sotelo, el 30 de mayo de 1982. Con la llegada de los socialistas al poder, Felipe González junto con el ministro Fernando Morán comenzó una política de acercamiento a Francia, Alemania y diálogo con el Reino Unido. En 1985 se permitió el libre tránsito de personas y mercancías con Gibraltar. Los principales obstáculos estaban superados.
España firmó su ingreso en la CEE en 1985. La integración en Europa fue el mayor logro de la política exterior del PSOE. El principal obstáculo para la integración de España era el peso de nuestro sector primario: Francia temía perder cuota de mercado frente a España y el Reino Unido quería reducir las subvenciones a la agricultura. España contó en su integración con el apoyo fundamental de Alemania.

Desde el 1 de enero de 1986 España es miembro de pleno derecho de la CEE. Las consecuencias económicas más importantes de la entrada en la CEE han sido:
-                La liberalización económica, que puso fin al tradicional proteccionismo español, obligó a una dura reconversión de nuestra economía, pero supuso la apertura a los productos españoles de un mercado de millones de personas con alta capacidad adquisitiva.
-                La aceleración del crecimiento económico gracias a la política de ayudas europeas, pensadas para reducir los desequilibrios europeos. España se convirtió en receptor de importantes sumas de dinero a través de los fondos estructurales y de cohesión social (Fondo Europeo de Desarrollo Regional –FEDER-; Fondo Social Europeo –FSE-; Fondeo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola –FEOGA). Estas ayudas han permitido fundamentalmente la modernización de las infraestructuras.

-                El aspecto más negativo de nuestra incorporación fue la pérdida inicial de numerosos puestos de trabajo y la disminución drástica de algunos sectores como la pesca, la agricultura o la siderurgia.


 HEB12.3.3. Analiza la evolución económica y social de España desde la segunda crisis del petróleo en 1979 hasta el comienzo de la crisis financiera mundial de 2008.

            La segunda crisis del petróleo repercutió en el aumento del paro, en la conflictividad laboral y en el empeoramiento de las condiciones laborales y la inflación. Ante esa situación, el primer gobierno socialista acometió un fuerte programa de ajuste: control de precios, del paro (800.000 puestos de trabajo fue una oferta electoral), reducción del déficit exterior y del déficit público. Al mismo tiempo se llevó cabo un proceso de reconversión industrial (naval y siderúrgico) que ya iniciaran los gobiernos de UCD (se vieron afectados unas 800 empresas y 83.000 trabajadores). Para reducir el paro en el campo se potenció el PER (Plan de Empleo Rural); para intentar industrializar las zonas deprimidas se diseñaron las ZUR (Zonas de Urgente Industrialización), etc. Estos ajustes y la reactivación de la economía mundial facilitaron el crecimiento de la economía española entre 1985 y 1992. Este crecimiento y la extensión de medidas sociales permitieron ampliar el Estado de Bienestar.
            De 1992 a 1997 entramos en una fase de recesión de la economía. El paro asciende al 24 %. Detrás están los problemas derivados del hundimiento de la URSS, de la reunificación de Alemania y la recesión económica que afecta a la Unión Europea.
            El periodo de 1998 a 2008 vuelve a ser de crecimiento económico. Coincide con la llegada al poder del PP y con la recuperación de la economía mundial. Bajan los tipos de interés lo que facilita la inversión y el consumo. Aumenta el empleo y crece la economía en general. Al final, se produce un crecimiento de los precios de las materias primas, del petróleo, lo que unido a la crisis financiera internacional frena la fase de crecimiento y arranca una etapa depresiva.
            Pese a todos estos cambios la economía española siguió manteniendo importantes problemas estructurales: la tasa de desempleo es siempre mayor que la de los países industrializados, el déficit exterior se mantiene elevado por los elevados costes del petróleo y materias primas, se mantiene la dependencia tecnológica, etc. Por otra parte, el crecimiento español se vio apoyado por el fuerte impulso de la construcción y del mercado inmobiliario, facilitado por el bajo tipo de interés y el alto precio de las viviendas.
            El inicio de la crisis financiera internacional en 2008, provocada por la caída de las bolsas como consecuencia de las llamadas “hipotecas basura” en EE.UU., implicó un retroceso en la concesión de préstamos, que repercutió en el mercado inmobiliario, con el consiguiente parón en la construcción que vio seguido de una crisis industrial.
            A nivel social podemos destacar los siguientes aspectos:
            La transformación de España en un país de inmigración: se pasa de unos 700.000 inmigrantes en 1998 a unos 4,5 millones en la actualidad.
            La transformación del mercado laboral: aumenta la población ocupada pasando de 12,5 millones a 20,3 millones de trabajadores en 2007, con la reducción de las tasas de paro al 10 % durante esos años; aunque con salarios bajos y precarios. Se continúa con la disminución de la población dedicada a la agricultura (4,5%) y aumenta el sector terciario (65%). Aumenta la incorporación de la mujer al trabajo, pero manteniéndose las discriminaciones con respecto a los hombres.
            En cuanto a la estructura familiar, se produce el fin de la tradicional y la aparición de modelos alternativos (monoparentales, parejas de hecho, homosexuales…). También disminuye la autoridad y control paternos a favor de un modelo más tolerante y afectivo. Se mantiene el problema del retraso en la emancipación de los jóvenes.
            El papel de la mujer experimenta una revolución, sobre todo a partir de su entrada generalizada en el mercado laboral. Se producen avances en la equiparación de los dos sexos. Pero se mantienen fuertes desigualdades (salarios…). También se inicia la lucha contra la violencia contra las mujeres.
            En lo referente al sistema educativo, se continua con las transformaciones derivadas de la extensión de la escolarización obligatoria hasta los 16 años. Desaparece prácticamente el analfabetismo. Y aumenta también la población universitaria.
            Finalmente podemos señalar el fuerte proceso de secularización de la sociedad que lleva a la conversión en actos civiles muchos de las anteriores celebraciones por la Iglesia: nacimiento, bodas…
           




[1] El día 27 de noviembre de 1975 se realizó la ceremonia de coronación en la Iglesia de los Jerónimos de Madrid, oficiada por el Cardenal Vicente Enrique Tarancón. Juan Carlos I llegaba como resultado de la legalidad franquista, pero los derechos históricos y dinásticos estaban en manos de su padre D. Juan de Borbón. La solución se produce el 14 de mayo de 1977 cuando, de modo oficial, D. Juan cede sus derechos dinásticos a su hijo Juan Carlos I.
[2] Formado el 4 de diciembre de 1975.  Tenía una composición heterogénea: integrado por todas las familias do régimen por personalidades de prestigio (Fraga, José Mª de Areilza, Alfonso Osorio).
[3] A él se atribuye el siguiente consejo: “(...) Señor, las leyes obligan, pero no encadenan y, además, en ellas está legal y legítimamente establecido el principio de reforma: de la ley a la ley”.
[4] Romería carlista en Navarra. Asisten las dos ramas carlistas y sectores franquistas. Los partidarios de Sixto prepararon una operación contra los carlistas. Hubo dos muertos y varios heridos.
[5] La acción policial provocó cinco muertos y cientos de heridos.
[6] Había sido gobernador civil de Segovia, director general de Radiodifusión y Televisión y ministro secretario nacional del Movimiento.
[7]  Gobierno formado por democristianos y reformistas del movimiento. En ese gobierno está Martín Villa (Interior), Marcelino Oreja (Exteriores) y Gutiérrez Mellado (Defensa).
[8] Sobre todo, el mes de enero de 1977: Asesinato de Arturo Ruiz en una manifestación a favor de la amnistía; el GRAPO tenía secuestrados a José María Oriol, presidente del Consejo de Estado y al general Emilio Villaescusa (liberados el 11 de febrero); se produce el asesinato de cinco abogados laboralistas en Atocha (Madrid) por ultraderechistas; y asesinatos de varios policías.
[9] Ley D´Hont (matemático belga): para tener representación hay que ter un mínimo del 3% de votos en la circunscripción. Después los escaños se atribuyen a los mayores cocientes de dividir el total de votos de cada lista por 1,2,3... hasta el total de escaños a cubrir.
[10] Ultraderecha: C18J, FN; Extrema derecha: FET-JONS; Reformistas: GODSA; Asociaciones del Movimiento; Democracia cristiana: UDC-PNV; Regionalistas conservadores; Centro liberal: PDL; Regionalistas progresistas; Socialistas: PSOE, PSP; Comunistas: PCE, PCOE; Extrema izquierda: PTE, ORT-MCE; Ultra izquierda: PCE (m-l)-FRAP, UPG, ETA.
[11] El último día de campaña los líderes de los partidos pidieron en la televisión el voto; el último fue Adolfo Suárez.
[12] Ponencia formada por: J.P. Pérez Llorca, M. Herrero y Rodríguez de Miñón, y G. Cisneros de UCD; G. Peces Barba do PSOE; J. Solé Tura del PSUC (partido de los comunistas catalanes); M. Fraga de AP; y M. Roca de Minoría Catalana (PDC)
[13] Adolfo Suárez González (UCD), Felipe González Márquez (PSOE), Joan Reventós Carner (Convergencia Socialista de Cataluña), Josep María Triginer Fernández (Federación Socialista Catalana), Manuel Fraga Iribarne (AP), Enrique Tierno Galván (PSP), Juan Ajuriaguerra Ochandiano (PNV), Miguel Roca i Junyent(CiU), Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo (UCD), Santiago Carrillo Solares (PCE).

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