LA RELACIÓN ENTRE ESTADO E IGLESIA
Durante el Antiguo Régimen es característica la alianza entre el Altar y el
Trono. La Iglesia justifica el poder absoluto de los reyes (teorías de Bodino,
por ejemplo) y ayuda al Trono en el control de la sociedad con su
ideología y tribunales (como el de la Inquisición) y a cambio se mantiene como
el primer orden de la sociedad, es un estamento privilegiado: leyes
propias, administración de justicia propia, no pagan impuestos (aunque a veces
entregan alguna cantidad voluntaria a la Monarquía), tienen inmensas
propiedades que se acrecientan con las donaciones de particulares (“manos
muertas”), ocupan cargos públicos y controlan la enseñanza, etc. Solo en algún
momento de crisis o de debilidad del Trono se produce algún enfrentamiento con
la Iglesia, sobre todo por el mantenimiento de las exenciones
fiscales.
Durante el siglo XVIII se va a producir un cambio, es el
desarrollo de la política
regalista. Las distintas monarquías, e igual España, van a intentar
promover una política de subordinación de la Iglesia al Estado. Y así convertir
a la Iglesia en una especie de funcionariado. Esta idea llevará al
enfrentamiento en algunos momentos con el Vaticano. Esta política arranca
a principios de siglo con Felipe V, ya que el Papa reconoció a Carlos de
Austria como rey de España. Como reacción Felipe V ordenó retirar el embajador
de Roma, expulsar al Nuncio del Vaticano, prohibió la comunicación con la Santa
Sede, y estableció un riguroso “Pase Regio” a todos los documentos
procedentes de Roma. La aplicación de estas políticas se regulariza a
través de los Concordatos de 1717 y de 1753; y las relaciones con Roma se
vuelven tensas. Las discusiones más importantes con la Iglesia son las
relativas a las llamadas “cuestiones mixtas”, es decir, los temas que
afectan al interés del Trono y del Altar, en este caso la educación, el
matrimonio, contratos, rentas y la dotación de obispados y parroquias. Con el
Concordato de 1753 la monarquía consigue el Patronato Universal sobre la
Iglesia en España y las relaciones vuelven a la estabilidad. Con Carlos III las
relaciones con la Iglesia fueron estables a excepción del momento de la
expulsión de los Jesuitas. Con Carlos IV, al principio, al compás del inicio de
la revolución francesa, se estrechan los lazos con la Iglesia, pero después las
relaciones vuelven a enfriarse al aumentar la presión fiscal a la Iglesia y
promover las primeras desamortizaciones de propiedades eclesiásticas.
Con la Guerra de la Independencia y
la llegada del liberalismo se
va a producir una fuerte alianza entre
el Trono y el Altar. Con el nombramiento de José I Bonaparte como rey de
España, y la posible llegada a España de las ideas revolucionarias, llevaron a la Iglesia española a luchar
junto a los liberales contra los franceses. Así la Iglesia participa como
guerrilleros en la guerra de la Independencia y promueven una “Guerra Santa”
para defender la patria, y participan en el desarrollo de la formación de las
Cortes de Cádiz (unos 100 diputados son eclesiásticos) y en la defensa de sus
posturas en la legislación que se va a realizar. De este modo, en la
Constitución de Cádiz de 1812, la Iglesia consigue que se reconozca la religión
católica como al “única y verdadera”; además de otras prerrogativas. Pero esta alianza inicial entre Iglesia y
Liberalismo va a romperse pronto ya que las Cortes de Cádiz promueven una serie
de medidas que afectan a la Iglesia (supresión de conventos de menos de 12
miembros, administración por parte del Estado de los bienes de corporaciones
extinguidas, prohibición de ocupar las sedes vacantes, supresión de la
Inquisición….).
La vuelta de Fernando VII supuso la
derogación de toda la legislación gaditana (decretos de 4 de mayo de 1814) y el
restablecimiento de instituciones y favores a la Iglesia, a cambio de su
colaboración y servicio. Vuelve la Compañía de Jesús y la Inquisición lleva a
cabo también la persecución del liberalismo.
Con el triunfo del pronunciamiento de Riego, en 1820, vuelve el liberalismo y
con él la idea de someter la Iglesia al control del Estado. La idea de una
Iglesia nacional sometida al Estado vuelve a extenderse, y así se suprimen
monasterios, la Compañía de Jesús y la Inquisición y se pretende intervenir en
el nombramiento de obispos y en la supresión del diezmo. Pero el
restablecimiento de Fernando VII como rey absoluto en 1823 truncó ese proceso,
aunque a partir de de ese momento una parte del clero se volvió mucho más
reaccionaria y paso a defender posturas más absolutistas que se relacionan con
el carlismo.
Con la llegada del Liberalismo, a partir de 1835, en el contexto de la Regencia
de María Cristina, se va a producir la fractura definitiva entre la Iglesia y
el Liberalismo. La guerra carlista y la
defensa del trono para Isabel, llevan a María Cristina a tener que entregar el
gobierno a los liberales progresistas. Así, Juan Álvarez de Mendizabal va a proponer la desamortización
de los bienes del clero regular (DOC.1) como solución para hacer frente a
los graves problemas hacendísticos, militares y de falta de apoyo de María
Cristina, para enfrentarse a los carlistas. Esta medida supone la ruptura de las buenas relaciones con la Iglesia.
Y también uno de los elementos que diferencian a los liberales a partir
del triunfo de liberalismo en España. Los llamados liberales progresistas y los
liberales moderados. Estos últimos serán partidarios de parar las
desamortizaciones y llegar a unas buenas relaciones con la Iglesia, mientras
que los liberales progresistas serán más partidarios de separar la Iglesia y
Estado, aunque manteniendo unas buenas relaciones. Por eso, en la
Constitución progresista de 1837 se establece “obligación de mantener el
culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles”.
Elemento fundamental para el sostenimiento de la Iglesia ya que, además, a
partir de ahí se suprimirá el diezmo, lo que supone para los ingresos de la
Iglesia un duro golpe. En este sentido también es produce la desamortización de
Espartero de 1841 sobre los bienes del clero secular.
Cuando llegan al poder los liberales
moderados (Narváez) a partir de 1844, intentarán llegar a un entendimiento con
la Iglesia para que reconozca el reinado de Isabel II y se vuelva a la alianza
de Altar y Trono. Por eso en la Constitución de 1845 se vuelve a la
oficialidad de la religión católica, después se paran las desamortizaciones y
con el Concordato de 1851 se regularizan las relaciones con Roma, y el Estado
se comprometió a la defensa de la Iglesia, a garantizarle la enseñanza de la
religión en todos los centros educativos (doc. 2, “incluso en las
escuelas públicas”) y a la devolución de las tierras que no habían sido
vendidas. Por su parte la Iglesia, reconoció a Isabel II, permitió intervenir
al Estado en el nombramiento de obispos y provisión de parroquias y reconoció
la desamortización como un hecho consumado.
Pero estas buenas relaciones se rompen con el Bienio Progresista. La desamortización de Madoz de 1855, la
tercera de los grandes procesos desamortizadores, unido al control sobre los
obispos y la redacción de la Constitución de 1856 son los elementos que entran
en juego y que suponen una vuelta a las
malas relaciones con la Iglesia. Pero con la vuelta al poder de los
moderados, de la mano de O´Donnell, a partir de 1856, se recuperan las
buenas relaciones con la Iglesia.
Durante el Sexenio Revolucionario de
nuevo las relaciones entre Iglesia y Estado vuelven a ser tensas. Aunque el
Gobierno provisional proclamó “que España fue y es una nación católica”, en su
política aparecen acciones que rompen las buenas relaciones: el permiso de la
libertad religiosa y la desaparición de la religión como asignatura
obligatoria de institutos y universidades. Después la reanudación de las
desamortizaciones y el ataque al clero regular rompen las buenas relaciones. Y
aunque en la Constitución de 1869 se reconocen los gastos de culto y clero no
es suficiente para solucionar los enfrentamientos. Además la elección de Amadeo
de Saboya como rey para España fue otro elemento de enfrentamiento con Roma, ya
que no lo reconoció como rey al considerarlo usurpador de los Estados
Pontificios y símbolo de la humillación de su poder temporal. Estas diferencias
se verán acrecentados con la proclamación de de la Primera República y la
redacción del proyecto de Constitución federal de 1873 (obra de Castelar). La
idea de separar Iglesia y Estado y la supresión de toda ayuda económica a la
Iglesia supusieron un agravamiento de las relaciones con la Iglesia.
La vuelta de la monarquía con Alfonso
XII de Borbón parecía que devolvía las relaciones entre el Estado y la Iglesia
por el buen entendimiento. Pero se mantienen algunos elementos de
enfrentamiento. Primero porque la Constitución de 1876 aunque vuelve a la
proclamación de la religión católica como la del estado y al mantenimiento de
los gastos de culto y clero, también establece la tolerancia de otras
religiones en el ámbito privado, lo que no fue del agrado de la Iglesia. Por
eso hay un acercamiento entre la iglesia y el carlismo y el desarrollo de
grupos neocatólicos que rechazan el liberalismo. Al tiempo se produce un
crecimiento de las Asociaciones Católicas. A finales del XIX, pese a las
críticas que plantea la Iglesia en defensa del mantenimiento literal de los
principios de recogidos en el Concordato de 1851, la relación entre la Iglesia
y el estado es bastante armoniosa con las pretensiones neorregalistas de los
gobiernos de Cánovas y Sagasta. Esta situación se rompe al inicio del siglo XX,
al arrancar un movimiento secularizador moderado, con Canalejas y Romanones,
pero más radical por parte de los grupos republicanos. La famosa Ley del
Candado de Canalejas supone una ruptura momentánea de las relaciones con Roma y
de enfrentamiento con la Iglesia de España. Que vuelve a la normalidad hasta el
final de la Restauración al eliminarse esas disposiciones que atacaban a la
Iglesia.
Con la dictadura de Primo de Rivera,
se vuelve a un estrechamiento de las
relaciones entre el Estado y la Iglesia. Primo de Rivera para conseguir el
completo apoyo de la Iglesia desarrollo una labor de protección sobre la
Iglesia y sobre las obras católicas. Además se produjo una identificación entre
los valores e instituciones del régimen y de la Iglesia católica.
Con la proclamación de la Segunda República se va a producir una ruptura de las
relaciones entre la Iglesia y el Estado y a aflorar unos enfrentamientos. La idea de separa
Iglesia y Estado, la de construir un estado laico y secularizar del todo la
vida civil chocaban frontalmente con las posiciones de la Iglesia. Estos
enfrentamientos ya aparecen desde la proclamación de la República y los
primeros enfrentamientos (quema de conventos de mayo) que manifiestan el fuerte
sentimiento anticlerical de una parte de la sociedad. Estas tensiones aumentan
durante los debates sobre el tema religioso para la redacción de la
constitución (“España ha dejado de ser católica” dijo Azaña) y se mantendrán
durante toda la etapa. En la Constitución de 1931 se recogen esas ideas Doc. 3,
España no tiene religión oficial y la Iglesia no recibirá ninguna ayuda
económica del Estado. Estas ideas de secularizar y separa Iglesia y Estado se
completarán con otra legislación (matrimonio civil, etc.) y con la promulgación
de la Ley de Congregaciones religiosas que eliminaban la posibilidad de
educación y cualquier actividad económica a la Iglesia y órdenes
religiosas. Estas medidas fueron entendidas por la jerarquía católica (cardenal
Segura) y por el Vaticano como un ataque y a partir de ahí en un duro
enfrentamiento con el Estado. Durante el bienio radical-cedista, aunque hay
unos intentos de acercamiento con la Iglesia y el Vaticano, no se mejora nada,
ya que todo tiene que pasar para la Iglesia por una reforma de la Constitución.
Cuando se produce el inicio de la Guerra
Civil, la Iglesia se pondrá de lado de los sublevados y los apoyará
incondicionalmente, definirá la Guerra Civil como una Cruzada y la jerarquía
católica hablará a favor del general Franco (Pastorales de los Obispos
Múgica y Olaechea 6-8-36, Pastoral Colectiva del Episcopado en el verano del
37). La alianza entre el Altar y el Trono vuelve a su apogeo. La
ideología de la Iglesia lo impregna todo. Está presente en los actos civiles y
militares. La doctrina católica es obligatoria (matrimonio, no divorcio). En el
Doc. 4, vemos un ejemplo con las normas que se dictan para la escuela primaria
en 1939, que “en que recoller o ambiente heroico das xuventudes guiadas polo Caudillo
á vitoria...” y acabar con el oprobio que sufrió durante la Segunda República.
En ese texto se hace alusión a la reposición del Crucifijo, de la imagen de la
Virgen que se une a la del propio Franco, para resaltar esa vinculación entre
la Iglesia y el Franquismo. Por otra parte, dentro de los beneficios que pasa a
tener la Iglesia por el apoyo y defensa de las ideas del franquismo están,
entre otras, la asignación a la Iglesia un presupuesto, el control de la
educación y la moral, la presencia de representantes de la Iglesia en las
Cortes, etc. A cambio la Iglesia apoya el régimen de Franco, extiendo la idea
de hombre providencial, le concede el privilegio de entrar en la Iglesia bajo
palio, y le concede también ciertas prerrogativas regalistas, como el
nombramiento de Obispos. Todas estas disposiciones quedaran reguladas con
un nuevo Concordato en 1953, culminación de las buenas relaciones entre Iglesia
y Estado en la etapa del Nacional catolicismo.
COMPLETAR.
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